El asilo es un derecho reconocido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, la Convención de Ginebra de 1951, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los artículos 78 a 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional y por la Directiva 2008/115 sobre normas y procedimientos comunes para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.
Estas normas prohiben las devoluciones masivas, garantizan la tramitación individualizada de las solicitudes de asilo y consagran el principio de no devolución. Dichas garantías procedimentales retrasan la resolución de los expedientes y en consecuencia los procesos de acogida en los países miembros que han mostrado su disposición a colaborar, entre ellos España.

La angustiosa lentitud para la acogida en Europa de las personas refugiadas también se explica por el gran número de solicitudes de asilo que está gestionando Grecia lo que ha llevado a la Unión Europea a tener que reforzar los medios humanos (agentes fronterizos, expertos en asilo, intérpretes...) y materiales (fondos económicos, contribuciones adicionales en protección civil...) para agilizar la tramitación y dar salida a los expedientes de solicitud de asilo.