Una de las “facilidades” que se quiere dar a las transnacionales es rebajar aranceles y armonizar criterios “a la baja”, indicando cuales son los mercados y áreas para ser liberalizados. Vista la opacidad de cara a la opinión pública, lo que se supone es que los negociadores harán una carta de áreas que serán liberalizados en el TTIP y otros que no.

Las contrataciones de los servicios públicos se van a trasladar a las transnacionales privada en el área de la salud, agroalimentaria -bajada de su calidad, uso de fitosanitarios prohibidos en Europa, medio ambiental-por ejemplo la fractura hidraúlica o fracking- educación, patentes, etc...todo con una trampa de disgregar la gestión de la titularidad. Sanidad o educación públicas en el título pero luego privadas en la gestión, como desgraciadamente ya vemos que vienen aplicando Gobiernos neoliberales como el actual, que acata las imposiciones de la troika, ensayistas junto con la normativa comunitaria de la reducción de los servicios públicos como ya hemos visto en el último tratado europeo europeo con la transmutación de los Servicios Públicos en “Servicios de Interés General” con la trampa que supone de pasar de lo público a una privatización encubierta o descarada.