Hola, somos varias técnicos de empleo e intermediación laboral de una ONG de personas con discapacidad que cuenta con un centro especial de empleo. Estos centros son empresas o entidades de economía social y su objetivo principal es ofrecer a las personas con edad de trabajar y con discapacidad un empleo productivo y remunerado acorde a sus características favoreciendo así su integración plena.

Recientemente se ha conocido la noticia de una nave en la que los discapacitados estaban trabajando a 40 grados. Pese a que el objetivo de estos centros sea facilitar la integración, se están convirtiendo en un lobby que se nutre de la explotación y la precariedad de los trabajadores con discapacidad. Estas empresas se están lucrando del trabajo de una persona, de la labor social que realmente deben hacer y se están convirtiendo en algo más similar a una Empresa de Trabajo Temporal (ETT).

Está siendo una práctica habitual subcontratar trabajos a personas con discapacidad. Hay empresas que tienen su propio centro especial de empleo que se rigen por convenios distintos a las empresas ordinarias. Esto hace que cada comunidad y cada lugar se rija por un convenio diferente y se produzcan desigualdades. Por ejemplo, en Castilla la Mancha decidieron añadir un complemento salarial para poder equiparar los sueldos al Salario Mínimo Interprofesional. Hay empresas que han estado pagando a personas con discapacidad por una jornada completa 600€. Este tipo de trabajos se suelen licitar, lo que hace que contraten a quien ofrezca el precio más bajo, repercutiendo directamente en los salarios y condiciones de los trabajadores.

Hay empresas que subcontratan personal a través de un centro especial de empleo para que realicen trabajos sin ningún tipo de adaptación y sin tener en cuenta las limitaciones que estos pueden tener. Las técnicos que hemos trabajado haciendo funciones de mediación entre empresas y personas con discapacidad vemos como lo hacen por el hecho de beneficiarse de subvenciones y, además, les piden aptitudes que en muchos casos pocas personas tienen. No son conscientes de que, de forma necesaria, esas personas tendrán alguna limitación. 

Las condiciones de trabajo de los centros especiales de empleo deberían ser, de manera obligatoria, las mismas que las de un empleo ordinario. Por eso queremos dirigirnos a los miembros de las Cortes de Castilla La Mancha. Deben existir controles a nivel salarial, de condiciones y de las licitaciones que se hacen en los Ayuntamientos. Estas licitaciones deben resolverse mirando porque el trabajador tenga unas condiciones dignas, no por quien licite más bajo. Las instituciones públicas son las que más concienciadas tienen que estar con esta problemática y luchar para favorecer la inclusión real y plena de las personas con discapacidad.