Nuestra obligación, y meta irrenunciable, es dar la vuelta a los desoladores datos que el Gobierno de Mariano Rajoy, en ‘colaboración’ con la Junta castellano y leonesa y la Diputación Provincial han dejado en Burgos. Sin ir más lejos, son 13.000 las personas en dependencia que esperan el reconocimiento de su situación, o 10.000, los jóvenes que han abandonado la provincia en los últimos cuatro años.

Nuestro partido no habla de recetas mágicas, hemos presentado compromisos realistas a cumplir mediante el diálogo y la reflexión. Lo que hemos presentado a la ciudadanía es un contrato participado con memoria económica, porque no vamos a prometer nada que no podamos hacer. Por ejemplo, garantizaremos la sostenibilidad del medio rural; y la derogación de la reforma local y la aprobación de una nueva Ley de Haciendas Locales, para procurar una prestación de servicios de calidad en todos los pueblos sin eliminar las competencias.

En cuanto a los derechos fundamentales, la sanidad pública ocupa un lugar destacado en el programa socialista, con la propuesta de una nueva Ley en este ámbito que no permita engendros como el del Hospital Universitario de Burgos, que ya acumula un sobrecoste de 657 millones de euros de fondos públicos y que está lastrando el resto de inversiones sanitarias en la provincia y en la Comunidad.

El Partido Popular ha convertido a Burgos en el laboratorio de los negocios más sucios del país, por su apuesta por la continuidad de la actividad de Garoña, la central nuclear en activo más antigua de España, y por su defensa del empleo de la fractura hidráulica. Nosotros cerraremos definitivamente Garoña, lo que daría, a su vez, el portazo definitivo al debate en torno al almacén de residuos nucleares previsto en su entorno, un asunto especialmente preocupante si tenemos en cuenta que el Gobierno ni siquiera sabe qué hacer con el de Villas de Cañas.

Por supuesto, un Gobierno liderado por Pedro Sánchez supondría acabar con toda posibilidad de instalar fracking, el impulso de la llegada del AVE y su conexión con el País Vasco y la agilización de infraestructuras pendientes, como la A-11, la A-12 y la A-73.

La igualdad entre mujeres y hombres, y en la diversidad, la mejora de la financiación local, la liberalización del peaje de la AP-1 a partir de 2018 y una mayor transferencia y circulación del conocimiento entre universidades son también algunos de los ingredientes de un programa con el que los socialistas confían mejorar la calidad de vida en esta provincia.

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