De un día para otro el negocio que suponía mi sustento económico se fue al traste y ahogada por las deudas y con muchas dificultades para encontrar trabajo a pesar de mi formación como trabajadora social, me vi obligada a solicitar el IMV (Ingreso Mínimo Vital) una ayuda pensada para que las personas con escasos recursos podamos salir adelante. 

Cumplo los requisitos para acceder a esta ayuda económica de largo pero tropecé muy pronto con el muro burocrático y el caos administrativo que sigue existiendo a día de hoy para acceder al IMV. Me lo denegaron a pesar de que en la documentación que presenté (Declaración de Renta) constaban como ingresos casi - 16.000 euros, es decir, deuda. 

Presenté la reclamación previa pero no contestaron y tuve que presentar un contencioso administrativo. Tuve que acogerme a mi derecho a la justicia gratuita, al no tener ingresos suficientes para costearme los gastos de este proceso, pero lamentablemente la justicia gratuita tampoco existe ( art.36.3 Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Finalmente, la Seguridad Social me llamó y me reconoció el error dos días antes del juicio, el 20 de diciembre de 2022 y aceptaron tramitar el IMV, por lo que retiré la demanda antes de que llegaramos a juicio. Empecé a cobrar, con carácter retroactivo, el IMV en febrero de 2021 a pesar de haberlo solicitado en junio de 2020, nada más ponerse en marcha esta ayuda. En esos largos meses tuve que depender de ayudas de familiares y de amigos para salir adelante, además de una ayuda de emergencia, para alimentos, que los Servicios Sociales me dieron a través de mi Ayuntamiento.

Es una situación insostenible e injusta, que el absoluto caos administrativo para tramitar estas ayudas nos deje desamparados.

Mi caso no es único, le ocurre a muchas familias. A la ineptitud y lentitud para otorgar las prestaciones, hay que sumar la falta de ayuda para que podamos reengancharnos al mercado laboral, lo que de verdad queremos es un trabajo para salir adelante por nosotras mismas.

El IMV promueve que ingresemos en B porque si lo haces de manera legal, no solo no hay INCENTIVO REAL AL TRABAJO sino PENALIZACIÓN. La ley de IMV PROMUEVE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.

Por si fuera poco, empiezo el año con un recorte brutal en mi prestación que ha pasado de la máxima que me concedieron a 160 euros. ¿Algún político podría vivir con 160 euros? El motivo aparente de este recorte del que me enteré en plena Nochebuena es que han tomado como referencia de ingresos la ayuda de emergencia que me dio en el pasado mi Ayuntamiento y los ingresos que percibí por cese de actividad (paro de autónomos) percibidos antes de solicitar el IMV y que tal como recoge la Ley de IMV en su Capítulo 1°, artículo 11, punto 5, no deberían haberse tenido en cuenta.

Voy a seguir luchando en todos los frentes para reclamar lo que en derecho me corresponde, lo que en derecho nos corresponde.

Es intolerable que sigan estos problemas y que muchas familias tarden meses en conseguir estas ayudas. Por eso lanzo esta petición dirigida al Congreso de los Diputados y al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para que seamos escuchados y reclamemos soluciones reales ya. Cuento con vosotros para firmar y difundir esta iniciativa y hacerlo posible.