Hace 7 meses que vivo en un piso compartido en Orcasitas, un barrio de Madrid. Hemos tenido problemas con la casera desde el principio pues muchas cosas de la casa están en mal estado o necesitan arreglo y ella lo ignora. La semana pasada vino a casa y me mandó unas fotos de un par de cosas sin limpiar que había en la cocina, quejándose, algo que en tal caso forma parte de nuestra convivencia y tenemos que resolver nosotros. El caso es que yo le dije que si le importaba la casa, era necesario arreglar varias cosas. Su respuesta fue fulminante: “Si no te gusta, vete. Tienes un mes para buscarte otra cosa.”

Según la ley, diga lo que diga el contrato, el o la arrendadora sólo te puede echar con al menos 2 meses de antelación y sólo por causa justificada, es decir, si la quiere para vivir ella o un familiar.  

A esto se suman las cámaras, otra ilegalidad cometida por esta señora. Hay cámaras instaladas por toda la casa y la casera asegura que todos los inquilinos que viven en la propiedad lo saben y están de acuerdo. No sólo está prohibido poner cámaras, estén de acuerdo los inquilinos o no, sino que además, en este caso, estamos hablando de personas que no entienden bien el idioma, pues esta señora sólo alquila el piso a extranjeros que obtienen ayudas del Estado para el alquiler. Ellos no entienden el idioma y además, normalmente necesitan urgentemente techo, por lo que aceptarían cualquier condición por muy excesiva que fuese. La arrendadora, que cuenta con varias viviendas, se aprovecha de la situación de esta personas y les cobra más dinero que a los españoles, porque sabe que reciben una ayuda del Estado.

Estas situaciones abusivas y racistas están ocurriendo diariamente y con impunidad, lo que sólo demuestra que la ley es insuficiente pues no protege al inquilino. En este caso además, estamos viendo cómo hay arrendadores que se aprovechan de la situación de desamparo de los extranjeros que llegan al país y reciben ayudas del Estado para poder salir adelante. Es vergonzoso y no se puede permitir. Es obligación del gobierno hacer inspecciones, controlar que estas situaciones no se den y crear leyes efectivas que respalden a los inquilinos e inquilinas.