Desde el 2006 tanto los vecinos como nosotros desde el ANPA del CEIP de Marcón llevamos luchando para que se desmantele el desguace que hay al lado del colegio. A pesar de que ha habido varias sentencias que obligan a las instituciones a llevar a cabo esto, hace más de 15 años que esperamos por una respuesta de la Xunta de Galicia.

Las madres y padres del CEIP de Marcón estamos especialmente preocupados por esta situación. El desguace se ha convertido en un centro de tráfico de drogas, en el que se realizó una redada recientemente, que impactó mucho a los alumnos y el resto de la comunidad educativa. Además de estar cerca del centro, el desguace se encuentra en una vía pública que da acceso al pabellón deportivo y el campo de fútbol, que también se ven afectados por la actividad en esta zona.

Los problemas comenzaron hace más de quince años, cuando la zona, que está en una curva muy cerrada, empezó a ver mucha actividad alrededor de la carga y descarga de carretillas. Pronto se convirtió en un tramo donde se dejaban los materiales sobre la calzada y causaban problemas en la circulación. A menudo los padres tienen pinchazos en las ruedas, o ven el paso al colegio obstaculizado por esta maquinaria y los restos de vehículos. Estos en ocasiones han llegado a estar apilados en columnas de cinco metros de alto, que sobrepasan la valla, y tienen un riesgo de derrumbarse en el entorno del colegio. Es además, un peligro ambiental, ya que se encuentra en una zona cercana a un bosque, y los restos de aceite de los vehículos son inflamables.

Ya existe una sentencia resolutoria del 2006 que dictó a favor de la demolición y del cese de actividad, pero nunca se ejecutó. Los vecinos en 2020 lo volvieron a llevar a juicio y volvieron a ganar, esta vez denunciando a la Agencia de Legalidad Urbanística, que es la competente para llevar a cabo la demolición del desguace, que está construido en un sitio donde no se puede edificar.

Desde entonces, vecinos y miembros del ANPA hemos estado enviando solicitudes a las Xunta de Galicia para que ponga un punto final a este problema y cumpla lo que dictaminó la justicia, tanto en 2006 como en 2020, pero hasta ahora hemos sido ignorados. Por eso queremos dirigirnos a los miembros del Parlamento de Galicia, para que presionen y hagan esfuerzos por remediar esta situación y que ejecuten lo que dice la sentencia. No podemos permitir que nuestros hijos sigan expuestos a este entorno tan inseguro.