Mi nombre es Anisley, soy vecina de Gijón y la madre de Ana Lucía, un niña  de tres años con síndrome de down cuyo derecho a la educación derecho a la educación se está viendo vulnerado por la Consejería de Educación del Principado de Asturias al no brindarle los servicios que necesita para ver cubiertas sus necesidades

Ana Lucía debió haber sido escolarizada el pasado septiembre, ya que cumplió tres años, la edad obligatoria para dar ese paso. Teníamos elegido el colegio, que nos había garantizado ser apto para ella en su jornada de puertas abiertas, y toda la ilusión del mundo. Sin embargo cambiaron de opinión y mi hija no fue admitida

El comité de orientación escolar decretó que Ana Lucía precisaba de un maestro de pedagogía terapéutica, un maestro de audición y lenguaje y un auxiliar educativo. El problema fue que nuestro colegio no contaba con esta última figura, a pesar de que nos dijeron que podíamos solicitarla.

Mi hija tiene el mismo derecho que cualquier niña a ir al centro más cercano a su casa y que le corresponde por ley. Cumplimos todos los requisitos para acudir a él; cercanía, renta… A pesar de ello el barómetro de puntos de nuestra hija para ser admitida estaba en cero, algo totalmente ilegal, pues ignora que somos familia numerosa, su discapacidad y demás aspectos que también cumplimos.

Por tanto, si mi hija sigue aún sin escolarizar es por un la discriminación que está sufriendo por tener síndrome de down, lo cual vulnera sus derechos fundamentales y va contra la ley que la propia Consejería de Educación de Asturias establece y está obligada a cumplir.

Quiero dirigir esta campaña a los políticos del Principado de Asturias para preguntarles por qué en nuestra Comunidad se incumple con este principio de igualdad y la propia ley por la que se establece que los centros deben adaptar los recursos a los requisitos de sus alumnos.

Los colegios son quienes deben adaptarse a sus alumnos para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a una educación digna. Después de poner una reclamación formal nuestro recurso ha sido desestimado y nadie se ha sentado a hablar con nosotros para escucharnos.

Sabemos que este no es el único caso en el que la Consejería se ha comportado de manera discriminatoria y estamos dispuestos a llegar hasta el final del asunto y lograr que Ana Lucía estudie en el colegio que le corresponde con todas sus necesidades cubiertas. La inclusión es un paso muy importante para avanzar como sociedad y todo empieza por la educación. Firma y comparte la petición para que nos los políticos nos escuchen.