Somos miles los trabajadores y trabajadoras que perderemos nuestro sustento y el de nuestras familias, de continuar la Comunidad el exterminio del personal público temporal forzando a cumplir ahora con absurdos procesos de oposición, que no convocaron cuando debían,  para empleos que llevamos décadas desempeñando con toda diligencia. Son falsos procesos de estabilización que sólo conseguirán eliminar personal experimentado, con la consecuente merma de calidad de los Servicios Públicos.

Tampoco se está cumpliendo el derecho a una solución reparadora que indican tanto la normativa como múltiples sentencias de la Unión Europea acerca del abuso de temporalidad.

Esta masiva expulsión de personal público precario, con cargas familiares, mayoritariamente femenino (+ de un 70%), y en unas edades que hacen prácticamente imposible la reinserción laboral, nos dejarán a miles de familias madrileñas al borde de la exclusión y dependientes de ayudas sociales, cuando sólo queremos seguir trabajando y no ser una carga para el Erario público.

Somos personal de Administración y Servicios, sanitario, docente, de ocio y deporte, de turismo, de los Servicios Sociales, de atención a la dependencia, de la administración de Justicia, de mantenimiento y limpieza de innumerables dependencias y servicios públicos, así como empleados de varias empresas públicas como Telemadrid, Metro de Madrid, Canal de Isabel II, etc. Estamos en todos los sectores y siempre al servicio de la ciudadanía madrileña.

No somos nosotros quienes hemos fallado a la Administración. Es ésta quien nos ha fallado manteniéndonos en la precariedad, sin oportunidades de estabilización, durante décadas. Hay decenas de categorías que no han convocado en 20, 25, y hasta más de 30 años, los periódicos procesos de estabilización a los que la normativa laboral española les obligaba, creando una enorme bolsa de temporalidad, de las mayores en todo el Estado. Somos, por tanto, personal en abuso de temporalidad, algo que las leyes europeas sancionan, y por tanto tenemos derecho a una estabilización real de las personas abusadas, o a una indemnización verdaderamente resarcitoria.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció claramente que el personal público con una relación temporal prolongada está en situación de abuso y que este abuso requiere una “sanción de forma indispensable que sea reparadora para el trabajador y para la que no puede valer convocar el puesto del personal en abuso ahora a un proceso selectivo de futuro incierto, ni tampoco una indemnización que no sea específica, suficientemente efectiva y disuasoria”.

El pasado año se aprobó en el Estado Español la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en empleo público. Pero esta ley no tiene como finalidad reconocer la existencia de abuso ni de regular la medida de reparación o “sanción” contra el abuso exigida por la jurisprudencia europea para cumplir con la Directiva 1999/70/CE, sino única y exclusivamente, reducir la temporalidad en el empleo público. No se fija en las personas, en los y las trabajadoras que han sufrido esa temporalidad, sino únicamente se centra en estabilizar plazas, las ocupe quien las ocupe, con el objetivo de guardar las apariencias acerca del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y así justificar el poder recibir fondos europeos, pero realmente condenando al personal público precario a la expulsión del sistema, sin garantías de estabilidad y sin resarcimiento del abuso.

La Comunidad de Madrid ha sido una de las más negligentes en lo tocante al abuso de temporalidad. Así, los tres sectores en que el Gobierno regional tiene la competencia directa sobre las ofertas públicas de empleo -Administración General y Servicios, Servicio de Salud, y Docentes No Universitarios-, reúnen 60.388 empleados temporales, lo que supone un 42% de temporalidad , situándose muy por encima del 8% que la Unión Europea toma como referencia para deducir un seguro abuso de temporalidad. 

Y pese a ser, por tanto, en torno a 50.000 las personas de esos tres sectores de la Administración las que encuentran en la situación de abuso de temporalidad descrita por las sentencias del Tribunal Europeo, la Comunidad de Madrid únicamente ha incluido 11.000 plazas en la opción de concurso de méritos que establece la Ley estatal 20/2021. Mientras, son más de 40.000 plazas las convocadas a procesos por oposición. La Comunidad de Madrid, tras demorar durante décadas procesos de estabilización a los que estaba obligada por ley, únicamente ante la inminente entrada en vigor de la Ley 20/2021 se ha decidido a convocarlos, con el único fin de hurtar a miles de trabajadores/as la posibilidad de optar a la estabilización mediante concurso de méritos que dicha ley 20/2021 ofrece para quienes cumplan el requisito de haber sufrido una temporalidad de larga duración.

Por lo contrario, hay numerosas Administraciones Públicas, desde Comunidades Autónomas a Diputaciones y Ayuntamientos, que con honestidad y responsabilidad han desconvocado los procesos donde se ponía en juego plazas ocupadas por personal en abuso, para volver a convocarlos con arreglo a la Ley 20/2021, dando una oportunidad real de estabilidad a sus trabajadores. No es el caso de la Comunidad de Madrid, que persiste en el incumplimiento de esta Ley estatal y de la normativa europea.

Como efecto colateral de la negligencia del Gobierno autonómico, las vidas de las familias de miles de trabajadores y trabajadoras, la inmensa mayoría pertenecientes a las categorías inferiores de la Administración, con sueldos bajos, poca o nula capacidad de ahorro, y fuertemente feminizadas, irán directas a la exclusión social y a la supervivencia mediante subsidios públicos si un viraje de la política sobre empleo público en nuestra Comunidad no lo remedia. 

Por ello, queremos dirigirnos a los diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid. Es fundamental que haya garantías de que el personal público temporal conservará su puesto de trabajo, o bien recibirá una indemnización resarcitoria, suficiente, que repare el largo abuso sufrido. Antes que causar una merma de los recursos públicos, que deberían usarse para mejorar la calidad de las prestaciones, preferimos continuar trabajando dignamente, como siempre lo hemos hecho, en primera línea de los Servicios Públicos madrileños, cuidando de la ciudadanía y de todas sus necesidades.

COORDINADORA MADRILEÑA DE EMPLEAD@S PÚBLIC@S EN ABUSO DE TEMPORALIDAD