El 29 de noviembre de 2016 el Congreso de los Diputados aprobó tomar en consideración una Proposición de Ley del PNV que modifica la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una Ley pre-constitucional. La propuesta establece un plazo de 25 y 10 años para desclasificar las materias que el Consejo de Ministros determine como “secretas” y “reservadas” y que el Congreso y el Senado puedan acceder a las “materias clasificadas”.

Desde febrero de 2017 la Mesa del Congreso de los Diputados acuerda prorrogar semanalmente el plazo de presentación de enmiendas. Esto hace que no se pueda debatir la reforma de esta Ley y poner fin a una anomalía que impide mayor transparencia, una adecuada rendición de cuentas y adecuar esta ley a los estándares internacionales de derechos humanos.

En 1987, el Gobierno español se amparó en la Ley de Secretos Oficiales para declarar “secretas” las actas del organismo que regula la venta de armas españolas. Esto impide saber cuáles son las razones y el proceso de la toma de decisión de la venta de armas españolas, por ejemplo a Arabia Saudí, que encabeza una coalición internacional que bombardea Yemen desde marzo de 2015, violando el derecho internacional humanitario al atacar mercados, escuelas y hospitales en un conflicto que se ha cobrado miles de muertes en Yemen, que se encuentra al borde de la hambruna y se enfrenta a una epidemia de cólera desatada por la destrucción de las infraestructuras y un bloqueo ilegal de una coalición internacional encabezada por Arabia Saudí, tal como hemos documentado en un reciente informe.  

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales es urgente, para dejar de hacer válido aquello de “Ojos que no ven, corazón que no siente”. Con sus decisiones sobre exportación de armas amparadas en esta Ley, España podría ser cómplice de violaciones graves de derechos humanos y del derecho humanitario internacional, amparadas en un secreto eterno.