La legitimidad política del proceso abierto en Cataluña en los últimos años se basa en la fuerza de la ciudadanía. Fueron unas masivas manifestaciones en las calles de Cataluña, sin lugar a dudas las más importantes y persistentes en toda Europa en los últimos años, aquello que empujó a las fuerzas políticas a convertir en programa de gobierno y acción legislativa la aspiración a poder decidir nuestro futuro colectivo. Ello, además e inicialmente, estuvo acompañado por una serie de consultas populares organizadas por la sociedad civil, que dieron la voz a cientos de miles de personas en toda Cataluña. El Parlament, posteriormente y dando cumplimiento al mandato democrático surgido de las urnas en 2012, elevó a las Cortes Generales una Proposición de Ley de delegación de competencias a la Generalitat, para promover una consulta, iniciativa que fue rechazada en el Congreso por el PP, PSOE y UPyD. Ante ese rechazo, promovió, con enormes dificultades, un proceso participativo el 9 de noviembre de 2014 para conocer la opinión de los catalanes; cerca de 2 millones de personas votaron en aquella ocasión, con una clara mayoría a favor de la independencia. Y finalmente, las últimas elecciones al Parlament fueron convocadas en clave plebiscitaria para conocer si la mayoría de los catalanes votaban un programa para la independencia de Catalunya. Los resultados fueron claros y las elecciones fueron ganadas, claramente, por las candidaturas que ofrecían un programa basado en la independencia.

El Derecho a Decidir era, y es, el epicentro de este planteamiento: que sea la ciudadanía que decida.

Desde esta trayectoria una respuesta a la británica o la canadiense forma parte del ADN que ha caracterizado el proceso soberanista catalán y por tanto estamos abiertos y expectantes sobre un  posible referéndum. Sin lugar a dudas, no hay mejor solución.