Mi nombre es Carlos y soy una víctima directa de la mala gestión en salud mental pública con la que contamos actualmente en nuestro país. La mañana del 24 de octubre de 2020 mi madre tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Ya lo había intentado dos veces antes, pero gracias a nosotros y a los servicios de emergencia pudimos evitarlo. Esta vez fue demasiado tarde. 

Mi madre quería vivir, pero no podía soportar el sufrimiento de una enfermedad invisible y en la que llevaba sumergida durante casi 20 años. La depresión y la ansiedad aparecen sin avisar y nos puede tocar a cualquiera.

En España seguimos sin darle a la salud mental la importancia que merece. Nunca dejaríamos sin atender a una persona que necesite una operación de rodilla urgente, pero sin embargo dejamos a su suerte a miles de personas con problemas de ideación suicida. Parece que si tu enfermedad no se ve te toca salir a pelear por conseguir los recursos necesarios, como nos pasó a nosotros. 

Tras el primer intento de suicidio estuvimos acudiendo a diferentes psiquiatras de la Seguridad Social, hasta que, debido a las largas colas de espera, decidimos buscar ayuda psicológica por lo privado. La última vez que mi madre intentó suicidarse nos dijeron que solo podría permanecer en el hospital en torno a 15 días, un tiempo del todo insuficiente para dejar atrás la enfermedad. Nunca nos dieron una solución para tratar de ayudar a mi madre de una manera eficiente. Ni siquiera nos ofrecieron un diagnóstico claro.

Durante los 15 días que pasó en el hospital, mi madre no obtuvo ningún tipo de ayuda psicológica. Nos decía que la tenían todo el día sedada con pastillas que no arreglaban el problema, solo lo reducían por unas horas. Cuando salió de allí llamé a decenas de clínicas buscando ayuda, pero no recibí ninguna opción pública y gratuita. 

Hoy por hoy las cifras referentes al suicidio siguen siendo muy preocupantes. Cada dos horas y media una persona se quita la vida en España. Desde hace 15 años la tasa se mantiene en una media de 3.500 al año. De esta manera, los fallecimientos por suicidio duplican a los accidentes de tráfico y superan en 11 veces a los homicidios. 

Lo de mi madre NO ha sido algo excepcional. Por eso creo que es prioritario que desde el Congreso de los Diputados pongan en marcha un teléfono público de atención a víctimas del suicidio atendido por profesionales de la salud mental.

Un teléfono al que acudir de urgencia si estás pensando en quitarte la vida y no sabes dónde ir ni qué hacer. Un número en el que atiendan y orienten también a los familiares que, como yo, pasamos de ser hijos a ser vigilantes y cargamos de un día para otro con la responsabilidad de mantener a nuestras madres con vida.

La vida de 10 personas al día no puede depender de iniciativas particulares y de buena voluntad. Firma para la implantación de un teléfono público, corto y gratuito de atención a víctimas del suicidio. ¡Podemos salvar muchas vidas si lo implantamos ya!