Me llamo Carmen y vivo en la Comunitat Valenciana. Soy educadora social y he ejercido como tal cerca de 20 años de mi vida. Empecé colaborando como voluntaria en una vivienda tutelada de mi pueblo, mientras estaba en la universidad. Con mi hermana, con un amigo y con los pocos trabajadores asalariados que tenía el centro, nos rotábamos para procurar que el centro tuviera, a todas horas, la asistencia necesaria cubierta. Las condiciones laborales de los trabajadores por aquél entonces eran pésimas.

Terminé la carrera universitaria y coincidió justo en que quedó una vacante en la vivienda en cuestión. Además, hubo una pequeña mejora en las condiciones laborales del oficio, que subió de categoría profesional. El sueldo aumentó en consonancia. Entré con un horario de tardes y trabajando un fin de semana al mes y, poco a poco, mejoraron las condiciones y pasé a trabajar a jornada completa.

El centro atendía perfiles de alta vulnerabilidad, personas que tenían una discapacidad reconocida, adicciones y algún problema de salud mental. En la vivienda había situaciones violentas, pero casi nunca eran entre personas. Tuve miedo en algunas ocasiones. Cuando te encuentras dentro de un centro con una situación de violencia, te sientes completamente desprotegido, además, los protocolos no acompañan en poder responder a estas situaciones de una manera ágil: necesitamos contactar con el coordinador o coordinadora del centro para que nos den directrices sobre qué hacer; eso ralentiza muchísimo las actuaciones.

Durante este período de tiempo no temí nunca por mi vida, pero he pasado por situaciones muy duras, y así casi todos mis compañeros. Los trabajadores no aguantaban, rotaban cada muy poco tiempo porque la gente no podía soportar la presión, pero tampoco el ritmo. La conciliación familiar es muy difícil cuando ejerces este trabajo y, además, en el día a día salen imprevistos que pocas veces permiten que cumplas con tu horario a raja tabla.

Pasaron siete años desde el día que me había incorporado al sector y, coincidiendo con el mandato del PP de Rita Barberá, estuvimos un tiempo sin cobrar. Además, me percaté de que aun llevar mucho tiempo en el sector, nunca habían mejorado mis condiciones. No recibimos ningún tipo de reconocimiento por parte de los superiores.

Aspectos como este y los presentados anteriormente, conllevaron que la situación entre los trabajadores del centro empeorara. El equipo de trabajo cambió, evidentemente, debido a la rotación mencionada y empezó a haber un malestar generalizado que derivó en situaciones de acoso laboral grave, pero también a la desatención hacía los residentes. 

Todo ha ido siempre a oleadas, según quién entraba en el centro había una época de tranquilidad, pero como el equipo era constantemente cambiante, el oasis nunca era seguro. Además, el hecho de que los coordinadores no tengan que pisar los centros que dirigen de ninguna forma, conlleva que recibamos directrices que casi nunca sirven, además de sentirnos, muchas veces, desprotegidos y sin proyectos para trabajar en el bienestar de todos nuestros residentes. 

Cuando decidí marcharme del centro, desde recursos humanos me citaron de inmediato para hacerme una contraoferta. Yo llevaba, por aquél entonces, un año intentando concertar una cita presencial en el departamento en cuestión y nunca había conseguido que me atendieran, pero en esta ocasión fue rapidísimo. 

Después de eso trabajé en una vivienda que acogía a víctimas de violencia de género y a un centro de acogida de menores y puedo decir que todos los patrones previamente mencionados se repetían. 

Los superiores y la administración se limitan, siempre, a asociar el riesgo al que nos enfrentamos cada día a nuestro trabajo y nunca se toman ni medidas ni responsabilidades. Además, no se trabaja para el bienestar de las personas benefactoras de los servicios, más bien al contrario: se ejercen castigos y se siguen métodos severos sobre ellos que generan y aumentan el malestar de los mismos y, en consecuencia, nuestra seguridad.

Las viviendas tuteladas, los centros residenciales y los centros de menores son muy necesarios, pero no se invierte en ellos y no hay gente formada trabajando en los mismos. Muchos de los trabajadores se limitan a sacarse la carrera y a posteriori no se ofrecen ni formaciones ni seguimiento para incentivar a la vocación, y los educadores estamos muy quemados. 

Todo lo presentado se acentúa en las zonas dónde se acogen adolescentes. Hay muchísimos problemas que afrontar debido a la complejidad asociada a la edad, pero, evidentemente, también al trato que reciben los jóvenes en los espacios en cuestión, derivado del malestar generalizado entre los trabajadores del sector.

Falta personal y sobretodo, personal cualificado. Todas las decisiones que se toman en las conselleries rebotan, directamente, en los jóvenes.

Casos como el de Belén, asesinada en un centro de Badajoz, se pueden repetir perfectamente en cualquier otro centro debido a todo lo planteado anteriormente, y está en manos de las instituciones procurar que no sea así. Hay que dignificar el sector, hay que trabajar e invertir en estructurar el sector con sentido, en formar a los trabajadores y en garantizar proyectos, recursos y atención a todos y cada uno de los residentes. 

Esto es un grito de auxilio, hacednos caso porque ¡estamos completamente desamparados!