La madrugada del pasado domingo tuvo lugar un nuevo incendio en el mayor asentamiento de chabolas de Nijar (Almería), denominado El Walili, donde conviven cientos de inmigrantes empleados en la agricultura intensiva. El incendio ha dejado sin vivienda a más de 200 personas y ha provocado quemaduras en brazos y piernas a un hombre de 45 años que tuvo que ser trasladado al hospital. El Walili cuenta con una extensión de 8.000 metros cuadrados y sus habitantes son en su mayoría inmigrantes marroquíes y subsaharianos que trabajan en los invernaderos de Níjar.

Este incendio, que se sabe que fue provocado, es el tercero en siete días; los incendios se suceden en este tipo de asentamientos de infraviviendas de Almería y Huelva. Hace una semana murieron un hombre y una mujer en un incendio en Huelva, cuyo asentamiento había sufrido ya el fuego meses atrás, y en febrero conocíamos la noticia del incendio en el asentamiento de Atochares en Níjar, que dejó a 200 personas sin techo. El Walili también había sufrido otro incendio meses atrás. 

El fuego es consecuencia directa de las pésimas condiciones en las que viven los miles de inmigrantes que trabajan de manera precaria durante todo el año en el campo. El convenio en la agricultura intensiva de Almería está fijado en 50 euros por una jornada de ocho horas, pero muchos inmigrantes cobran la mitad y trabajan el doble al carecer de documentación, motivo por el cual tampoco pueden denunciar los abusos a los que son sometidos. 

Ni las autoridades ni las instituciones están poniendo atención a lo que pasa en estos asentamientos. Se están incumpliendo los DDHH cada día, incluso llegando a provocar la muerte de muchas personas, ya sea en incendios o en “accidentes” laborales. Las personas migrantes están totalmente abandonadas y desamparadas por el sistema. Este incendio es el tercero en siete días y nadie hace nada. 

Las instituciones tienen la obligación de salvaguardar la seguridad de estas personas, no sólo respecto a las condiciones infrahumanas en las que viven en estos asentamientos, sino también controlando y castigando a los empresarios que los explotan laboralmente. La sociedad necesita estar al tanto de lo que está pasando; exigimos que la administración responda urgentemente y de manera efectiva. Esta situación es insostenible, la vida de cientos de personas está en juego, por eso solicitamos una alternativa habitacional para las personas que viven en estos asentamientos sin ningún tipo de protección. Exigimos una vivienda digna para los y las trabajadoras del campo.