La unión de los Comités de Empresa de OPPLUS y QIPRO se plantan ante el ABUSO por parte de BBVA. Llevamos 14 años sufriendo una serie de abusos sistemáticos hacia las condiciones laborales de los trabajadores por parte de BBVA. Por ello, nos vemos en la obligación de reivindicar nuestra situación por medio de movilizaciones y una huelga el próximo 17 de septiembre de 2021 en Málaga. La Plantilla se conforma de más de 3.000 empleados y hay un descontento generalizado por parte de la gran mayoría de los trabajadores.

BBVA hace 14 años decidió externalizar parte de la matriz de su negocio, el mantenimiento de PRODUCTOS BANCARIOS, con el único objetivo de no pagar por el convenio de banca, si no con el peor convenio a nivel nacional que hay actualmente vigente, el de Consultoría y estudios de mercado. La empresa, con este cambio, lo único que pretendió fue el abaratamiento de costes, precarizando el empleo del sector bancario.

Esta empresa juega con nuestro futuro. Nuestras nóminas se desglosan en diferentes conceptos, pero queremos hacer especial mención al complemento voluntario personal, un complemento absorbible y compensable. Básicamente es una herramienta mediante la cual la empresa juega con nuestro futuro y nuestros derechos consolidados pudiendo ajustar nuestro sueldo a su parecer. Pueden, por ejemplo, absorbernos las subidas salariales por convenio, las subidas por trienios, la subida por ascender de categoría profesional…

Recientemente la empresa ha impuesto de manera unilateral sin previa mediación con la representación legal de los trabajadores modificaciones sustanciales de forma COLECTIVA en las condiciones contractuales de toda la plantilla. Cuando una empresa quiere realizar una modificación sustancial colectiva de las condiciones de trabajo tiene que basarse en el Artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, sin embargo, parece que el GRUPO OPPLUS no está por la labor de seguir las directrices que marcan la leyes en este país. 

Al margen de esta serie de condiciones completamente precarias que estamos sufriendo, nuestros sueldos rozan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es completamente injusto que una empresa de tal calibre, en este caso, una entidad financiera con beneficios millonarios, esté pagando un salario mínimo a sus trabajadores. La realidad que estamos viviendo, es que llegar a fin de mes de esta manera, nos resulta muy complicado.

No podemos olvidar los contratos en fraude de ley por parte de la empresa. Llevan 14 años realizando contratos de obra y servicio en departamentos estructurales en fraude de ley. Esto ha sido denunciado en numerosas ocasiones ante Inspección de Trabajo, pero la empresa aun a día de hoy, sigue utilizando el mismo modus operandi, mofándose de los organismos PÚBLICOS que se supone, deberían garantizar los derechos de los trabajadores. Hablamos de casi más 2.000 personas que se han visto ante esta situación, pero nunca llegan a juicio porque una semana antes les ofrecen una indemnización por medio de una conciliación aceptando la improcedencia del despido, por lo que nunca hay expedientes judiciales que registren a GRUPO OPPLUS como una trituradora de personas.

Los empleados llevamos un año y medio teletrabajando y no tenemos aún un marco legal donde movernos. A pesar de haber una regulación del teletrabajo, en nuestra empresa no está regulado y nos sentimos completamente desprotegidos. Además, se ha previsto de manera unilateral la vuelta de 1.500 trabajadores a las oficinas de Málaga durante el mes de septiembre, pero sin darnos ninguna seguridad al respecto. La empresa ha cerrado el comedor, por tanto, para poder comer debemos hacerlo en nuestros puestos de trabajo, bajándonos las mascarillas en un recinto hermético y sin ventilación natural, poniendo en riesgo nuestra salud. 

Por todos estos motivos los trabajadores de OPPLUS y QIPRO queremos dirigirnos al Congreso de los Diputados. Los políticos no pueden permitir este tipo de situaciones. Están fomentando la precariedad, el abuso y potenciando que las empresas ganen más dinero con ello. No tiene ninguna lógica que se externalice y precarice la matriz de la empresa, que esta se evada del convenio de banca para poder pagarnos menos y que, además, salga impune. No solo es una reivindicación obrera, podría definirse como una CAUSA SOCIAL de extrema urgencia, ya que en ESPAÑA, se está permitiendo que el OLIGOPOLIO BANCARIO haga cada vez más pobres a los trabajadores de este país, lo que supone una merma en las arcas de la seguridad social y que la clase obrera cada vez tenga menos poder adquisitivo para consumir, afectando directamente a una economía basada en la subsistencia.