Me llamo Daniel, vivo en Madrid y soy enfermero.

La precariedad laboral en el sistema sanitario es una evidencia que llevamos sufriendo durante años, y con la actual pandemia la situación se ha agravado evidenciando todos los recortes que llevamos sufriendo durante tiempo. Se ha gestionado de manera incorrecta el dinero destinado a atención primaria. En la Comunidad de Madrid llevamos desde marzo del 2020 con los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) cerrados. Esto es inadmisible, con unas consecuencias directas: por un lado, la ciudadanía se encuentra desprotegida ante urgencias, y, por otro lado, la saturación de las urgencias de los hospitales ya que muchos pacientes se ven obligados a acudir a las urgencias de los hospitales. 

La temporalidad en sanidad es una de las peores cosas. Tenemos que estar siempre disponibles, porque si no la penalización es muy elevada en la bolsa de contratación, como sucede en la Comunidad de Madrid, decir que no supone un año de penalización. Seguimos con una gran carencia enfermeras, vivimos del imprevisto, con plantillas inestables y contratos precarios que van de mes a mes, de días e incluso de horas. Se ha normalizado que te llamen para que vengas a cubrir un turno porque alguien ha fallado, o porque se ha quedado un hueco descubierto, a sabiendas que el decir que no puede tener sus consecuencias: igual ya no te llaman más o te ponen en última posición en la bolsa de empleo. Estas condiciones hacen que sea imposible que exista una conciliación familiar y personal. Además, todo esta precariedad en la sanidad conlleva a que la calidad de nuestros cuidados hacia los pacientes se vea afectada. 

La heroicidad de la primera ola de la pandemia se ha implantado en nuestro sistema sanitario, y parece que, al ser un trabajo vocacional, tengamos que someternos a un maltrato constante de condiciones como han sido los contratos COVID. Miles de miles de enfermeras cesadas o en el filo. Este personal sanitario de refuerzo fue sumándose a las filas de los sistemas regionales entre la primera y la segunda ola con el objetivo de paliar el colapso total vivido en los primeros meses de pandemia. Miles de profesionales que dejaron las bolsas de contratación vacías y en muchos casos eran jóvenes recién salidos de las universidades y centros de estudios. Con contratos, eso sí, precarios, y un futuro incierto según la evolución de pandemia.  ¿Dónde está el reconocimiento a esos esfuerzos? ¿Cuánta gente ha sido despedida cuando el COVID ha amainado? ¿Por qué no mejoran nuestras condiciones laborales si tan indispensables nos hemos demostrado? Y, además, estos contratos definidos como “de refuerzo” están sirviendo también para cubrir bajas. Desde que comenzó la pandemia, el sector sanitario y las enfermeras en residencias de mayores han sido los más afectadas por las bajas provocadas por infección. 

El desmantelamiento del sistema sanitario de salud pública también se ha vivido en la atención de personas mayores de residencias. Lo que sucedió en Madrid, con la gestión de las residencias de ancianos fue devastador. Durante el pico de la primera ola de la pandemia (en marzo y principios de abril) no había protección para el personal que allí trabajaba, no contaba con equipos de protección individual (EPI) ni pruebas PCR. Y, además, muchas de las personas residentes no contaron con asistencia sanitaria adecuada, quedaron excluidas de la derivación hospitalaria de manera generalizada y tampoco recibieron la atención que necesitaban en las residencias, a pesar de la “medicalización” anunciada por las autoridades. Asimismo, muchas personas residentes estuvieron durante semanas enteras prácticamente incomunicadas con el mundo exterior y con sus familias. La negligencia, el abandono y la impotencia es lo que sufrieron los mayores en muchos de estos centros.  El ratio de enfermería por pacientes es imposible que se pueda ofrecer unos cuidadas de calidad, ya que una enfermera o enfermero tiene a su cargo alrededor de 90 pacientes. No se puede realizar un cuidado de calidad. Estamos muy por debajo de los datos en Europa. 

Por ello, me dirijo a los políticos de la Asamblea de Madrid para pedirles que se respeten los derechos laborales de las enfermeras. Hay que terminar con la precariedad laboral para construir plantillas estables con horarios estables. Terminar con la temporalidad y con la penalización, es definitiva mejorar las condiciones laborales de todas nosotras. Hasta que esto no se cumpla, la conciliación familiar y personal es imposible y afecta a la salud mental de miles de profesionales que muestran día a día su compromiso con el cuidado de la población. Además, vemos necesario que se ajusten los ratios enfermera-paciente de enfermería, en la actualidad tenemos los más bajos en toda la Unión Europea. Y, por último, ser incluidas en la categoría A1 ya que no somos profesionales de segunda y que se empiece a pagar la carrera profesional al personal interino independientemente de la vinculación laboral que tengas (fijo, interino y laboral).