Somos David y Rocío y somos los padres de Leire, una niña de cinco años que falleció hace tan solo un mes, el 6 de julio. Iba por un paso de cebra cuando, de repente, un coche que iba a toda velocidad se llevó a nuestra pequeña por delante. Rocío lo presenció todo. El atropello fue tan fuerte que Leire murió en el acto.

Según los testigos, el conductor se bajó del coche con una copa de alcohol en la mano. Iba tan ebrio que ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho. Más tarde le hicieron una prueba de alcoholemia con la que dio 0,98, casi cuadriplicando la tasa de alcohol permitida, que es 0,25. El hombre fue detenido por la gravedad del delito y pasó a disposición judicial.

Dos días después, mientras estábamos despidiéndonos de Leire en su incineración, nos enteramos de que habían soltado al autor del atropello. Aunque le dieron libertad provisional, no puede conducir ni salir del país y tiene que acudir al juzgado cada dos semanas hasta que se celebre el juicio, no entendemos cómo fue puesto en libertad en tan solo 48 horas, tras el gravísimo delito que cometió.

Con esto no queremos culpar al juez, ya que solo estaba haciendo su trabajo, que es aplicar la ley. De hecho, estamos seguros de que le costó la vida y el alma dejar a esa persona en la calle. El problema es precisamente que la ley española es capaz de permitir eso, no nos entra en la cabeza.

Actualmente, los delitos como el que cometió aquel conductor son considerados homicidios imprudentes. No estamos de acuerdo con este tratamiento, ya que cualquier persona sabe que conducir bajo los efectos del alcohol supone un riesgo, tanto para el conductor como para otras personas. En momentos así, el vehículo se convierte en un arma, por lo que creemos que no se debería considerar un accidente.

Por eso solicitamos que en el Código Penal los delitos cometidos por quienes conducen de una forma manifiestamente temeraria o bajo los efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes, provocando un fallecimiento o unas lesiones y secuelas, tengan un tratamiento legislativo y unas penas equiparables a las contempladas para el delito de homicidio (artículo 138 del Código Penal), o para el de lesiones (artículos 147-150).

Pedimos que estos delitos dejen de considerarse delitos imprudentes y que se tenga en cuenta la existencia de dolo eventual en la conducta de quien los comete, es decir, que sigue ejecutando una acción aun sabiendo el riesgo y el daño que puede provocar. También pedimos que en estos supuestos se retire a los conductores el permiso de conducción de forma definitiva, para garantizar que lo ocurrido no vuelva a suceder.

Estamos pasando los peores días de nuestras vidas, pero no por ello nos quedaremos de brazos cruzados, no permitiremos que la muerte de Leire haya sido en vano. Hay centenares de familias destrozadas por experiencias parecidas a la nuestra. Por todas esas víctimas y por nuestra pequeña, seguiremos alzando la voz para que se haga justicia.