Mi nombre es Dayana y soy madre de una pequeña de ahora cuatro años. Toda esta batalla empezó en 2021 tras separarme del padre de la niña, con quién mantenía un régimen de visitas acordado por un juzgado. Un día, después de una de estas visitas con su padre mi hija volvió con un eritema en la pared vaginal y serios hematomas en la parte baja de la espalda y el glúteo. Debido a esto, y a la preocupación y gravedad que suponía, la lleve inmediatamente al centro de salud, donde la derivaron al servicio de urgencias del Hospital General de Fuerteventura. Allí fue examinada por distintos profesionales médicos y ellos mismos abrieron un protocolo por posibles abusos sexuales. Dicho protocolo se pone en conocimiento de la Justicia y desde ese momento y tras la denuncia se suspenden las visitas con su padre como medida cautelar. 

Sin embargo, meses más tarde el juzgado decidió archivar la causa antes de comenzar ningún tipo de investigación ya que se hizo sin haber escuchado al médico ni a los forenses que realizaron los informes, ni tampoco se realizó ninguna investigación adicional. Y por ello, se levantó la prohibición de las visitas del padre con la niña.

Desde ese momento empecé a contactar y solicitar la ayuda de distintos profesionales y durante todo este tiempo junto con mi abogada, hemos estado moviendo cielo y tierra para que se haga justicia. Contamos con el apoyo de la Audiencia Provincial de Gran Canaria quien exigió la reapertura del caso afirmando como mi hija "había sido cuando menos objeto de tocamientos por parte de su padre" y proporcionamos nuevos informes que señalaban que las agresiones podrían haberse repetido tras las visitas (peritaje, informes psicosociales, alertas de desmejora de la niña por parte del colegio…) sin embargo, y a pesar de contar con el apoyo de la Fiscalía y pedir que se acabaran estas visitas hasta que terminara la investigación, se nos ha denegado. 

Todo este proceso está siendo frustrante, doloroso y tremendamente injusto. La justicia de Fuerteventura no está haciendo su trabajo y no está velando por el bienestar de mi niña. A pesar de la cantidad de pruebas desgarradoras proporcionadas, es a mí a la que se me cuestiona, se juzga y se acusa de alienación parental y no al padre que estaría cometiendo el delito. No hay igualdad en la justicia. Mi hija ha sufrido mucho; dejó de hablar, se autolesionaba, tiene pesadillas, problemas de agresividad… y aún así las instituciones siguen dejando abierta la posibilidad de que los abusos que ha sufrido se vuelvan a repetir. 

La desprotección a la que nos enfrentamos las madres y nuestros hijos/as en este tipo de casos es realmente preocupante. Sé que no soy un caso aislado, hay muchas madres que no se atreven a hablar, y no las juzgo ¿quién va a querer denunciar si este es el camino que te espera? 

Por ello, y con todo lo aquí plasmado, quiero dirigirme a los miembros del Parlamento de Canarias para que por favor nos escuchen y ayuden a suspender el régimen de visitas hasta el final de la investigación así como proceder a una aceleración del proceso, en el que a día de hoy seguimos esperando a poder escuchar a las partes. Por otro lado, es necesario reclamar un procedimiento especializado para este tipo de casos, que te ayude, aconseje o proporcione ayuda profesional legal y psicológica, yo esto no lo debería estar haciendo por mi cuenta. He tenido que costeármelo todo yo misma, desde la ayuda legal hasta los diferentes informes, lo cual ha afectado en mi vida diaria, mi negocio y mi economía.

Es de extrema relevancia que consigamos restringir las visitas o hacerlas con un punto de encuentro hasta que todo esto acabe. Mi hija ya vive con un trauma que le va a acompañar toda la vida y aún así la falta de implicación de profesionales y autoridades sigue permitiendo esta horrible situación que nos hace vivir cada día con miedo.

A pesar de los obstáculos y la piedras que nos ponen por el camino no vamos a parar. Pido desde aquí la máxima difusión y apoyo a esta campaña. Gracias a todos y todas.