Se denomina 'tasa rosa' al mayor precio que se aplica a algunos productos femeninos respecto a sus homólogos masculinos, simplemente por empaquetarlos en paquetes rosas y considerarlos por este motivo “para mujeres”. Se llama así porque la única diferencia entre este tipo de productos es que los destinados a las mujeres tienen un nombre específico o son de color rosa, por la consideración sexista de que este color es característico de lo femenino, Actualmente podemos ver en cualquier supermercado que, donde un paquete de cuchillas para hombres cuesta 1,99€, uno para mujeres, es decir, las mismas cuchillas pero de color rosa, cuestan casi 3€.

Los bienes de 1º necesidad están gravados con un 4% de IVA, pero los productos de higiene íntima femenina no entran en este grupo, por lo que están gravados con el mismo IVA que un ramo de flores, es decir, con un 10%. La menstruación es un proceso natural por el que pasamos todas las mujeres, es decir, más de la mitad de la población mundial. Unos 1.800 millones de mujeres tienen la regla cada mes en el mundo y los productos de higiene menstrual no se consideran un bien de primera necesidad. Esta diferencia es realmente preocupante si tenemos en cuenta que las mujeres pasamos aproximadamente unos 36 años con la regla. Esto, a 13 periodos por año, son 468 veces. Y a 4 días de media de cada ciclo, 1.872 días, lo que serían 5 años aproximadamente. Esto se traduce en una media de 7.000 euros.

Las mujeres de los países occidentales tenemos acceso a este tipo de productos, aunque sea pagando un precio más alto de lo que debería, pero la menstruación es un problema real para todas esas mujeres que viven en países donde la regla sigue siendo un tema tabú, o donde la pobreza las deja sin recursos para poder acceder a los productos adecuados.

La tasa rosa es segregación social; pagamos más por ser mujeres. El Gobierno ha anunciado su intención de reducir el IVA de estos productos al 4%. En Canarias adquieren los artículos femeninos sin gravamen desde 2017, cuando pasaron del 3% al 0%. El Gobierno central debería seguir el ejemplo de Canarias, ya que restringir el acceso a los productos menstruales es discriminación de género. En un país como España, donde la pobreza va en aumento, estos productos no deben estar al servicio del mercado, sino que deben ser accesibles para todas las mujeres, sin importar la clase social.