Sin duda se trata de una pregunta extremadamente certera. Veamos. Soy de Málaga y viví en primera fila la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Aquél episodio chusco que dio pie a miles de horas de telebasura tenía tras de sí un trasfondo llamativo. El ordenamiento jurídico contempla como excepcional que desde las propias instituciones del Estado (en este caso un Ayuntamiento, con una corporación elegida democráticamente) se vulnere la legalidad vigente. Sin embargo, con las leyes en la mano, el Estado de Derecho se impuso sin necesidad de forzar medidas legislativas o administrativas. El Ayuntamiento de Marbella tuvo que ser disuelto y esa disolución cumplió estrictamente con la Ley, culminando el proceso con el Real Decreto 421/2006:

http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/08/pdfs/A13820-13821.pdf

No hay comparación posible entre lo ocurrido en Marbella y lo que ocurre en Cataluña. Sólo intento poner un ejemplo de que nuestras criticadas leyes a menudo funcionan mejor de lo que nosotros mismos esperamos. Hay respuestas legales e institucionales. La posibilidad de actuar sobre una Comunidad Autónoma que "incumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" se contempla en el artículo 155 de la Constitución. Y hablamos siempre de casos excepcionales. Confío en la Constitución y en las medidas que contempla. Y también en la responsabilidad de los protagonistas políticos de este episodio. No respetar la Constitución es un hecho muy grave. Y mantener este pulso al Estado y profundizar en la división de la sociedad es un proceso de consecuencias escasamente medidas.