Esquerra Republicana concibe la salud de las personas  como aquel estado pleno  de bienestar físico, mental y social  y no  sólo como la ausencia  de una  enfermedad  reconocida por catálogos y diagnósticos. 

Para Esquerra Republicana , la salud  es el derecho inalienable que tiene toda persona a gozar de  la máxima salud posible y de poder hacerlo en el ámbito en el que habitualmente se desenvuelve y vive. Ahora bien, todos sabemos que esto depende de un amplio abanico de condiciones, muchas de las cuales  no forman parte del sistema sanitario, entendido este último en un doble sentido, de promoción de la salud y de asistencia a la enfermedad.

Desde Esquerra Republicana,  estamos convencidos que no podemos dejar de intervenir en todos aquellos  condicionantes i circunstancias  para hacer efectiva la mejora de la salud de la ciudadanía y  esto implica  también el reconocimiento del dolor, el padecimiento  y la discapacidad que supone la pérdida o el deterioro de la salud. En efecto, la enfermedad provoca discapacidad funcional y pérdida de la autonomía  personal y esto, demasiado a menudo, significa pérdida de competitividad en el mundo laboral, abre la puerta al empobrecimiento , a la exclusión social y a su vez ,de manera más profunda, al deterioro de la salud.

Para Esquerra Republicana,  es inconcebible un sistema de salud al servicio de la ciudadanía que no utilice de manera eficaz todos los recursos a su alcance para romper el círculo vicioso que significa  enfermedad-discapacidad funcional-empobrecimiento-exclusión social .En este sentido, Es necesario saber utilizar los instrumentos que ya tenemos para alterar esta realidad, uno de estos instrumentos es el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM). Es cierto que el ICAM  en estos momentos se encuentra  cuestionado por grupos de pacientes que no ven suficientemente reconocida su discapacidad, por lo que resulta evidente que desde Esquerra Republicana , responsable ,desde el pasado mes de enero , del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ,   deben estudiarse  a fondo estos casos y debe hacerse con total transparencia, buscando el consenso entre las partes implicadas y garantizando en todo momento el derecho a la salud de las personas y asimismo, salvaguardando  el prestigio y buenas prácticas de los profesionales que trabajan en estos dispositivos.