Sí, uno de nuestros objetivos será luchar contra los paraísos fiscales,  y asumimos el compromiso de que la contratación pública sea ejemplar en este sentido como en otros.

El dinero público debe ser invertido de forma coherente con los valores sociales. Y el consumo responsable y ético debe ser tenido en cuenta en cada una de las compras y contratos efectuados. 

 Además  se debe aplicar la regulación contra el fraude de la forma más rigurosa. Aumentar la inversión en este sentido y la función de control aportaría un saldo positivo que se traduciría en ventajas para el conjunto de la sociedad. También hay una batalla ideológica que debemos ganar para luchar contra el fraude de las grandes empresas y que va en la línea de promover la ética empresarial. El afán desmedido de lucro  debe complementarse con el deseo de contribuir al desarrollo colectivo  y compartir socialmente los beneficios que en última instancia esa sociedad está aportando. El sistema funciona si todos y todas nos consideramos parte del mismo y trabajamos desde distintos espacios con un objetivo común de progresar, pero si las grandes empresas deciden ir por libre y considerarse por encima de esa relación de interdependencia acaban poniendo en peligro su propia estabilidad y beneficios.