Desde Unidas Podemos, a nivel estatal, pero también desde los distintos grupos parlamentarios de IU en cada territorio, hemos condenado antes, condenamos ahora y no dejaremos de denunciar enérgicamente las devoluciones en caliente, esté quien esté aplicándolas. El Partido Popular “inventó” la doctrina de la frontera flexible, un horror, y vemos con indignación cómo Grande Marlaska sigue por la misma senda. 

Estamos no solo a favor de la eliminación de esta enmienda. Es que la ley de extranjería, en su conjunto, nos parece que debe ser replanteada. No compartimos el fondo político de una ley de extranjeria. Antes de la enmienda ya era una mala ley. Creemos que la migración no es un delito, y que no puede perseguirse a personas por el simple hecho de ser pobres, o de tener una determinada situación administrativa. No creemos que los CIEs sean la repuesta a alguien que viene sufriendo y huyendo. 

La realidad es que se están vulnerando derechos fundamentales constantemente y la ley de extranjería favorece este hecho.

Desde el grupo parlamentario llevamos haciendo a lo largo de esta legislatura (y antes, por supuesto) distintas iniciativas. Por un lado, de denuncia y condena , pidiendo las comparecencias de los distintos ministros de interior, pidiendo comisiones de investigación para esclarecer posibles vulneraciones de derechos humanos que nos son sistemáticamente denegadas. Y proponiendo alternativas que garanticen estos derechos: tanto en la frontera sur, exigiendo que no se repitan hechos como los que vemos en Ceuta y el paso del tarajal, trabajando enmiendas para derogar los artículos terribles de la Ley de seguridad ciudadana (que son muchos) y exigiendo al psoe que se comprometa en esta derogación, pidiendo al gobierno que exija a Marruecos el cumplimiento de los DDHH en los acuerdos y elaborando propuestas para gantizar vías legales a la migración, asi como la suficiente asistencia en el Mediterráneo para acabar con el drama de las muertes en mar y costas.

Nosotros apostamos por un marco alternativo donde se respete la libre movilidad de las personas y donde los derechos a emigrar, a la libre elección de trabajo o a un nivel de vida digno consagrados en la Declaración Universal de DDHH implican también el derecho a la libre inmigración.