En primer lugar, habría que precisar que no hay forma de negociar con el Estado como tal, entendido como el conjunto de instituciones de la compleja organización social que es cualquier Estado. Por poner un ejemplo, las instituciones de la Generalitat de Catalunya son tan Estado como lo es la Xunta de Galicia o el Tribunal Supremo, así que resulta difícil llegar a la conclusión de que exista, al respecto del tema por el que me interpela, una voluntad unívoca del conjunto de las instituciones del Estado, lo que no es óbice para comprobar que, efectivamente, no existe en las Cortes Generales una mayoría favorable a discutir la celebración de un referéndum en el que someta a consideración de la ciudadanía catalana la cuestión de su secesión respecto del conjunto de España. Tampoco existe esa voluntad en el actual ejecutivo en funciones, ciertamente. 

A pesar de ello, no se puede concluir, en mi modesta opinión, que estemos ante "una pared", en el sentido de que exista en el conjunto de España un único e inmutable parecer, que siempre va a producir la misma respuesta, puesto que es la ciudadanía la que acaba determinando la composición y voluntad de las Cortes Generales, y con ellas del Gobierno. Fruto de los cambios sociales y políticos, no sólo puede variar la correlación de fuerzas entre los distintos partidos y coaliciones allí representados, sino también la propia posición de cada uno de estos actores políticos. Sin ir más lejos, el inmediato antecesor del PP en las Cortes Generales, AP, votó en contra del Título VIII de la Constitución (relativo a la organización territorial del Estado), y está ahora pretendiendo mantener sin alteración el mismo sistema autonómico que en su día rechazó. O por referirnos a un modelo que se cita a menudo en el debate público catalán sobre esta cuestión: el gobierno del Reino Unido pasó de reprimir duramente al movimiento republicano irlandés a favorecer los Acuerdos del Viernes Santo por los que se establecía la autonomía de Irlanda del Norte, para luego suspender hasta en cuatro ocasiones esta autonomía, o favoreció la llamada "devolution" o autonomización en Gales y Escocia, y luego acordó en esta última la celebración de un referéndum sobre su secesión respecto del Reino Unido.

El reconocimiento mutuo es el primer paso para poder hallar una solución política al empate de impotencias que se produce a la vez dentro de Catalunya, y entre la pluralidad de partidarios de la secesión de Catalunya por una parte y la plural mayoría política contraria a ello, expresada en las Cortes Generales y parte de la cual detenta el gobierno de España, por otra. Un proceso para desescalar el conflicto político suscitado también es necesario para el desbloqueo, y para ello debe haber gestos y voluntad por ambas partes. También deben perder atractivo los incentivos para mantener el bloqueo, que existen para algunos de los actores en juego.

Las fuerzas políticas mayoritarias en el conjunto del Estado, la posición de las cuales es contraria a la secesión, y entre las cuales las hay favorables a reformar en menor o mayor grado la Constitución, mientras algunas de estas últimas se muestran favorables a abordar la cuestión planteada por el Gobierno de la Generalitat mediante un referéndum sobre la secesión de Catalunya, deben comprender, según mi parecer, que aunque no compartan el proyecto político de los independentistas, éste no sólo es una aspiración legítima (como el propio TC ha reconocido, eso sí, reconduciendo la cuestión a una reforma constitucional), sino que existen causas objetivas que se contribuyen a explicar por qué una parte significativa de la ciudadanía catalana apuesta ahora por la independencia, cuando hace una década no lo hacía. A continuación, deben abordarse esas cuestiones objetivas, con voluntad de hallar soluciones y compromisos válidos. En un Estado complejo y plural como el nuestro estas cuestiones se pueden clasificar, a grandes trazos, en tres grandes categorías: las relativas a la distribución de las competencias (o de los poderes, en terminología anglosajona), las relativas a la financiación (muy vinculadas a las primeras), y las relativas al reconocimiento (de la pluralidad nacional y lingüística del Estado). Las de la primera catregoría no deberían presentar grandes problemas, si comparamos la distribución de competencias en España con cualquier Estado federal. Las segundas presentan sin duda mayor dificultad, pero se cuenta con la ventaja de que la insatisfacción por una financiación deficiente no es exclusiva de Catalunya, sino que también la comparten otras comunidades autónomas. La tercera requiere en algunos casos un cambio de mentalidad, para no concebir la pluralidad como un problema a resolver, sino como un factor de enriquecimiento mutuo y común, pero también exige, por parte de las comunidades con identidad propia, asumir que las dos primeras categorías de cuestiones no son la mejor fórmula de obtención de reconocimiento (superadas las competencias que, de suyo, es lógico que se desarrollen cuando entra en juego el hecho nacional, como puedan ser Educación, Cultura, Lengua, Patrimonio, etcétera, puesto que éstas y muchas más ya son competencia autonómica).

Las fuerzas partidarias de la secesión de Catalunya, a su vez, deberían dejar de forzar el choque de legitimidades, que han azuzado desde el principio de la actual fase política en Catalunya, con la intención de construir un caso ante la comunidad internacional que legitime una ulterior salida unilateral. Lo que hacen ante la realidad, que no se les escapa, de las dificultades que presenta para ellos defender la existencia de un derecho de autodeterminación (en su vertiente externa y de acuerdo al derecho internacional), o la existencia de un derecho a la secesión de Catalunya.

Los catalanes, por nuestra parte, debemos también hacer un ejercicio de reconocimiento mutuo, asumiendo los partidarios y contrarios de la secesión que nos hallamos ante una sociedad que, en la coyuntura actual, se muestra dividida en cuanto a la cuestión de la secesión (hoy mismo el CEO lo confirma nuevamente), e intuyo que aún más dividida en cuanto a la posibilidad de una secesión unilateral.

Por ello, asumiendo que el proyecto independentista ha sido capaz de generar amplios apoyos en la sociedad catalana, sin discutir la legitimidad del mismo, pero también sin compartirlo, y aún menos considerando esos apoyos como inmutables e irreversibles, los socialistas catalanes proponemos que la sociedad catalana explore otros proyectos colectivos que nos saquen del bloqueo, que permitan mayores consensos aún sabiendo que no van a satisfacer plenamente a nadie. En concreto, proponemos la transformación de España en un Estado federal, democrático y social, proyecto en el cual estamos convencidos de poder suscitar suficientes apoyos tanto en Catalunya como en el conjunto de España.

Por otra parte, no me parece que la apreciación de que nunca se haya negociado se corresponda exactamente con la realidad. El propio texto constitucional de 1978, y también el Estatuto de 1979, fueron fruto de arduas negociaciones. El desarrollo del modelo autonómico en España, con todos sus defectos y carencias, y también con sus éxitos, ha sido en buena parte fruto de negociaciones, dado que la Constitución permitía un modelo abierto a su evolución. Son muchas las transferencias de competencias que se han venido produciendo, y en todos los casos fruto de la negociación. Lo mismo ha pasado en lo relativo a los modelos de financiación autonómica, e incluso con determinadas fórmulas de participación de las comunidades autónomas en asuntos de ámbito europeo, y no entro ya en cuestiones más concretas como cesiones de suelo a la Generalitat o a los ayuntamientos catalanes, negociación respecto a inversiones e infraestructuras, etcétera. El proceso de aprobación del Estatuto de 2006, por frustrante que fuera, es en sí mismo un caso evidente de negociación, para el cual hay un procedimiento especial muy concreto en el que intervienen el Parlamento y las Cortes Generales, y directamente la ciudadanía mediante referéndum. La Sentencia del Tribunal Constitucional se produjo después de un bochornoso espectáculo en el que asistimos al bloqueo deliberado de la renovación del TC, a un juego de recusaciones muy intencionadas, y a la lamentable filtración de los debates internos del Tribunal, que también nos permitió conocer las poco edificantes formas o ocasiones de llegar a acuerdos por parte de algunos miembros del Tribunal, pero lo cierto es que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, los recursos contra el Estatuto fracasaron en gran medida, y pocas son las observaciones del Tribunal que no puedan atenderse con la modificación de algunas leyes orgánicas. Por ello no estoy de acuerdo con que el Estatuto de 2006 se echara atrás, y reivindico que se trata de una potente herramienta de autogobierno, mucho más completa que el Estatuto de 1979. Otra cosa es que lo ocurrido haya contribuido a señalar las muy graves consecuencias políticas que produce el control de constitucionalidad de un texto estatutario con posterioridad a su ratificación en referéndum por la ciudadanía. Al dictarse la sentencia sobre un texto ya ratificado, la mayor parte de la ciudadanía sólo puede percibirlo como una intromisión ilegítima, como una desautorización y un desaire. En este momento, no se podría producir tal situación, debido a un reforma posterior que recuperó el control previo de constitucionalidad en lo relativo a los estatutos de autonomía, lo que tampoco es una solución plenamente satisfactoria en opinión de muchos, pero permite como mínimo que el texto sometido a referéndum sea el definitivo e inalterado.