El problema con los precios del alquiler y los términos abusivos de la Ley de Arrendamientos Urbanos es un tema del que se lleva hablando muchos años. Son muchas las personas y las asociaciones que luchan desde hace tiempo por un control del precio de los alquileres y una mayor libertad para los inquilinos, además de por una protección a las familias más vulnerables, que en ningún caso se deben quedar sin un techo bajo el que vivir. 

La situación actual de la vivienda en España es preocupante, sobre todo para los más jóvenes. El 65% de las personas de entre 18 y 34 años vive aún sus padres por no poder pagar un alquiler. Una situación que, por supuesto, ha empeorado la actual crisis de la COVID-19, que ha destruído empleo y ha aumentado la precariedad salarial que ya existía. El 41% de los hogares españoles que residen en una vivienda de alquiler, aproximadamente 3 millones de familias, destina al pago de la vivienda más del 30% de sus ingresos, lo que en términos económicos se considera un "sobreesfuerzo. Más de 1,4 millones de familias pagan más de la mitad de sus ingresos para poder tener un techo. 

Las leyes que rigen el alquiler han sufrido muchísmas reformas en los últimos años, todas en la misma dirección y con el mismo objetivo: reducir la duración de los contratos, desproteger a los inquilinos y fomentar la especulación y el alza de los precios. En resumen, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es una ley que sólo beneficia a los grandes propietarios y desprotege a los inquilinos. 

La vivienda es un bien esencial y no puede regirse por aspectos económicos; la vida de muchas personas depende de ello. Es necesario reformar esta ley para poder acceder a un alquiler digno, accesible y estable.