Soy Francisco Torre y hace 3 años la sucursal bancaria de confianza de mi padre se aprovechó de él sin proporcionarle información sobre sus derechos y lo que verdaderamente estaba firmando. 

Mi padre tenía una cuenta en Bankia, ahora Caixabank, y en 2016 pidió un crédito de 6000 euros (o eso pensaba él). Siempre que iba al banco se sentaba con su asesora de confianza, con la cual hablaba muchas veces sobre pedir un préstamo preconcedido - para reformar la cocina. Mi padre tenía 57 años, no era mayor y estaba acostumbrado a ir a su sucursal de siempre, jamás pensaría que le engañarían. 

Mi padre empeoró por una enfermedad y murió hace 3 años. En la notaría nos pedían los papeles del banco, así que presentamos todo lo necesario y firmamos la herencia. ¿Cuál fue la sorpresa? El día 30 de septiembre del 2019 fuimos a su entidad bancaria y nos notificaron de la existencia de una deuda. A mi padre le hicieron creer que lo que firmó era un crédito y era de una tarjeta con intereses abusivos. 5250€ faltaban por pagar, después de que mi padre estuviese pagando durante 3 años todos los meses, es decir, de la cuota de 120 euros que le cobraban, 100 euros, eran intereses. Decidí pagar lo que faltaba al momento, porque no quería seguir pagando intereses, pero mucha gente no tiene los recursos para hacer frente a las consecuencias de un engaño así. 

Nuestra abogada hizo un escrito a la entidad bancaria y nos respondieron diciendo que ese contrato no existe, o que por lo menos, no lo encuentran. Ahora vamos a presentar un escrito para presentarlo presencialmente en la sucursal.

No me duele el dinero, me duele el engaño. A raíz de hacer pública mi situación en las redes, me han escrito más de 200 personas diciendo que les ha pasado lo mismo y habrá mucha gente que ni sabrá que algo así le esté pasando. En 2019, sólo los seis principales grupos bancarios españoles se embolsaron 27.959,1 millones de euros en concepto de comisiones. 

Con esta petición me dirijo a los/las políticos/as del Senado de España. Necesitamos medidas concretas para que las prácticas abusivas de las entidades bancarias cesen y las sanciones sean efectivas. Necesitamos que estas herramientas se prohiban. 

El Banco de España tiene capacidad para dictar resoluciones ante las acciones de las entidades financieras existentes en el Estado, pero no son vinculantes, no puede forzar o sancionar a los bancos. En 2019 dio la razón a los clientes en 1500 reclamaciones, pero estas resoluciones no tuvieron consecuencias directas para los bancos. Pido a los políticos/as, por tanto, que incidan para que el Banco de España -además de su función de observador- tenga potestad para dictar resoluciones vinculantes y sancionadoras. 

En este sentido, el Gobierno español tiene encomendado un proyecto, denominado Autoridad Independiente para la Protección de los Clientes Financieros, que sería intermediario financiero o defensor del pueblo. Permitiría evitar litigios y resolver conflictos de otra manera. Pido que se acelere el proyecto y que el mecanismo tenga una capacidad vinculante y sancionadora, que vaya más allá de la función de recomendación u observación que actualmente tiene el Banco de España.