El 28 de febrero, el periodista español Pablo González fue detenido en Przemysl (Polonia), cerca de la frontera con Ucrania. Acababa de iniciarse la ofensiva rusa, y él se había desplazado allí para informar sobre el éxodo de civiles. El sábado 26 había hecho una conexión en directo para La Sexta Noche desde la estación de Przemsyl; el domingo, dedicó la jornada a contrastar la información de que la gente de color no podía cruzar la frontera a Polonia, información que desmontó. Publicó su último tuit ya en la madrugada del lunes 28, a las 0.13h. Ese mismo lunes, por la mañana, Pablo llamó por teléfono a su mujer en Nabarniz, localidad vizcaína en la que reside desde hace más de una década. Apenas pudieron hablar el tiempo suficiente para informarle de que le habían detenido y solicitarle que se pusiera en contacto con su abogado para que iniciara todos los trámites para obtener su asistencia. Desde ese día, no han vuelto a hablar con él. Tampoco su abogado en España.

Tras tres días sin ninguna información, el gobierno polaco informó de su detención y reveló los cargos de los que le acusaban: trabajar para el Kremlin, concretamente ser miembro del GRU –la inteligencia militar rusa–,  y estar “actuando contra los intereses de Polonia”. También se supo que estaba detenido en la cárcel de Rzeszów y se mantendría en prisión provisional hasta el 29 de mayo.

ORÍGENES FAMILIARES

Las pruebas que, hasta la fecha, ha aportado Polonia para su acusación se pueden calificar de circunstanciales. Todas ellas, relacionadas con los orígenes de Pablo: el periodista nació en Moscú, bajo el nombre de Pavel Alekseevich Rubtsov. Su padre es un ciudadano ruso y su madre, nacida en Rusia también, es hija de un “niño de la guerra”, uno de los miles de menores españoles que fueron enviados a Rusia tras el inicio de la Guerra Civil en 1936. 

A los 9 años, sus padres se divorciaron y su madre decidió empezar una nueva vida en España, concretamente, el País Vasco, donde un juzgado otorgó a Pablo la nacionalidad española bajo el nombre de Pablo (traducción de su nombre en ruso) y con los apellidos de su abuelo materno, González Yagüe. En Rusia, él seguirá siendo Pavel Alekssevich Rubtsov. 

INCOMUNICACIÓN

Independientemente de la acusación y de las pruebas aportadas por Polonia (todas ellas tienen una explicación legal), en este tiempo que Pablo lleva detenido no ha podido hablar ni con el abogado que él eligió, Gonzalo Boye, ni con su familia; ni siquiera le han entregado las cartas que su familia le ha enviado para mostrarle su cariño y su apoyo. La fiscalía polaca ha estado poniendo todas las trabas burocráticas posibles para impedir este contacto, sin que el Gobierno español haya intermediado para aligerar este ya complejo proceso. A día de hoy únicamente ha recibido tres visitas del cónsul de España en Polonia.

NORMATIVA EUROPEA

La situación de incomunicación en la que se encuentra Pablo y sin asistencia por parte de su abogado contraviene varios de los puntos que recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que el Parlamento Europeo proclamó en el año 2.000. Entre ellas, que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. Además, todos los ciudadanos tienen el derecho de ver amparada su “integridad física y psíquica”; “la prohibición de infligir un trato degradante”, y a que se respeten sus comunicaciones y su domicilio.

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1.966, establece que “todas las personas somos iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad frente a la ley. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a una serie de garantías mínimas entre las que destaca el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas”.

Estas son sólo algunas de las normativas que Polonia, un país de la Unión Europea, no está cumpliendo, y ningún organismo, ni español ni europeo, está exigiendo explicaciones.

Los familiares y amigos de Pablo González exigimos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; al Ministro de Exteriores, José Manuel Albares; a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que se asista a Pablo González tal y como garantiza la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Pedimos que se acabe con la incomunicación de Pablo, que ya se alarga desde el día de su detención, el 28 de febrero.

A pesar de que Pablo cuenta con un abogado Polaco desde principios de Mayo, pedimos que se facilite el asesoramiento legal por parte del abogado que él designó y que asesora a la familia, Gonzalo Boye, y que se le garantice una comunicación habitual para poder preparar su defensa.

Pedimos que pueda, al menos, hablar por teléfono con su mujer, sus hijos y sus padres, que no se permita que sigan en esta situación de incertidumbre y oscuridad informativa.

Pedimos que se respete su presunción de inocencia.

Y, sobre todo, pedimos que no se abandone a nuestro amigo Pablo en un país que está haciendo caso omiso de las normativas europeas respecto a los derechos humanos.