Este mensaje va dirigido a nuestros representantes en el Parlamento Europeo.

La empresa DIMA (perteneciente a BOYACÁ) pretende destruir 130 empleos, lo que supone más del 50% de la plantilla. De ser así, los que sigan trabajando cobrarán un 50% menos sin llegar a cubrir nuestros gastos fijos como transportistas autónomos y sin asegurarnos un número de jornadas que permita facturar lo necesario para autónomos y transportistas.

Esta incertidumbre está afectando a 300 familias, las cuales llevan un año intentando negociar con la empresa de distribución. Sin embargo, su única respuesta ha sido la negativa a impedir el centenar de despidos. 

Desde la posición que ocupan, como diputados del Congreso, ¿qué pueden hacer por nosotros? ¿Qué será de las familias afectadas? ¿Permitirán un trabajo esclavista?