Me llamo Georgina, soy de Llagostera (Girona) y tengo 23 años. A los 13 años empecé a tener problemas de salud mental que se agudizaron a los 15, al empezar una relación en la que acabaría sufriendo violencia física y verbal durante cuatro años. Había empezado a tener un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) que empeoró en aquella etapa, ya que mi expareja controlaba constantemente mi peso y todo lo que comía.

Todo esto afectó muchísimo a mi autoestima y a mi capacidad de gestionar mis emociones, lo que me llevó a autolesionarme a diario. Llegué incluso a intentar quitarme la vida dos veces, de las cuales la última fue hace tan solo un año y medio, en pleno confinamiento.

No fue hasta los 18 años que me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad (TLP), lo que explica conductas como la autolesión, la impulsividad o los altibajos emocionales que pueda tener en un día. El TLP es, en realidad, el trastorno que limita mucho más de lo que uno pueda pensar. De hecho, tengo reconocido un 65% de discapacidad debido a este trastorno.

Con la pandemia, ha quedado más que claro que la salud mental en el sistema público sanitario no está funcionando bien, dejando desamparada a mucha gente, especialmente a la población joven. Por ejemplo, yo estaba yendo a un hospital de día y, con el confinamiento, dejé de poder ir, lo que me desestabilizó muchísimo.

Actualmente, estoy en lista de espera del hospital de día, pero nunca más me han vuelto a contactar. En general, me siento desamparada por el sistema público de salud mental. Donde sí podrían atenderme es en un centro privado, pero el coste es elevadísimo y no todo el mundo se lo puede permitir.

Además, en la comarca del Gironès no hay unidades de TLP, y las que tenemos más cerca están en Barcelona. Lo mismo pasa con asociaciones que acompañen y den apoyo a personas con este trastorno, que todas están en la capital.

Es por todo esto que quiero dirigirme a los miembros del Parlament de Catalunya, ya que soy de Catalunya y son mis representantes en dicha cámara, para que destinen más recursos a la salud mental pública, que es tan importante como la salud física. Esto incluiría descentralizar los servicios dentro del territorio catalán, para que así no esté todo concentrado en Barcelona, así como incluir más unidades de TLP y asociaciones en las cuatro provincias.