El bienestar nutricional de los niños y niñas en las escuelas debe tener una importancia capital y sentar los cimientos para el bienestar de los menores.
Respuesta escrita a la pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, sobre la petición: ¿Cuándo incorporarán un menú 100% vegetal sano y equilibrado en los comedores de los centros públicos? ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno dentro de sus competencias y en colaboración con el resto de administraciones implicadas para atender a estas demandas?:
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que según recoge la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE, “el bienestar nutricional de los niños y niñas en las escuelas debe tener una importancia capital y sentar los cimientos para el bienestar de los menores.
Ello también es congruente con la recomendación formulada en 2004 en la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, por la que se insta a los gobiernos a adoptar políticas que apoyen un régimen alimentario saludable en las escuelas. La promoción de la salud en el ámbito educativo contribuye a que los grupos de población más joven, independientemente de factores como clase social, género, o el nivel educativo alcanzado por sus padres y madres u otras figuras parentales, desarrollen una vida más saludable”. Por su parte, a través del articulado sobre las diferentes etapas educativas, en la Ley se intensifica la necesidad de que el alumnado se eduque en el cuidado y respeto a la salud y en la creación de hábitos y estilos de vida saludables, y se recoge la obligación de los poderes públicos de prestar una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, a las condiciones. Asimismo, la Disposición Adicional cuadragésima sexta. Promoción de la actividad física y la alimentación saludable, establece que “Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la alimentación saludable formen parte del comportamiento infantil y juvenil. Con el objetivo de fomentar y consolidar hábitos de vida saludables, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida sana y autónoma, para promover hábitos saludables de alimentación y la movilidad activa, reduciendo el sedentarismo. (…)”
Cabe informar que el Gobierno, junto con las Administraciones educativas autonómicas y las Administraciones locales se encuentran vinculados por el mandato legal en el ámbito de sus respectivas competencias. El Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, como proponente y en ejecución de la política educativa del Gobierno, suscribió, con fecha 11 de noviembre de 2019, el “Acuerdo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para la educación y promoción de la salud en la escuela”. Este acuerdo, con una duración prevista de cuatro años, tiene por objeto establecer el marco general de colaboración entre ambos Ministerios y las Administraciones autonómicas y locales, y con otras personas o entidades públicas o privadas, para impulsar y promover acciones en materia de educación para la salud en la escuela. Entre ellas, la “Estrategia NAOS” (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) que coordina y desarrolla acciones en el ámbito educativo para facilitar una alimentación variada y la práctica de actividad física para prevenir la obesidad. Esta Estrategia es desarrollada por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), actualmente dependiente del Ministerio de Consumo.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional colabora con la Estrategia NAOS en la difusión de materiales, campañas y estudios, así como en la participación del jurado de los Premios Estrategia NAOS, que tienen como finalidad reconocer y dar mayor visibilidad a aquellos programas, intervenciones y otras iniciativas que entre sus objetivos contribuyan a la prevención de la obesidad mediante una alimentación variada, con calidad nutricional y equilibrada, y la práctica de actividad fiscal para prevenir la obesidad.
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En los últimos tres años ha habido un crecimiento del 27% de la población que se considera ‘veggie’, alcanzando ya al 10% de la población, según un estudio de la consultora Lantern. Eso equivale a más de 4 millones de personas en todo el territorio español.
Los motivos que alegan los españoles y españolas para adoptar una alimentación eminentemente vegetal son principalmente, la conciencia medioambiental, conciencia sobre el bienestar animal y preocupación por la salud y bienestar personal. Exceptuando el último punto, podemos afirmar que los motivos son eminentemente de corte ético e ideológico, por lo que la reivindicación está recogida dentro de los derechos protegidos por el artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.
España es uno de los estados firmantes del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”,desde 1977, un tratado multilateral general que, reconoce los derechos de todas las personas “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Dichos derechos “sólo pueden ser limitado por la ley, de manera compatible con la naturaleza de los derechos, y sólo con el fin de "promover el bienestar general en una sociedad democrática”.
Además, este Pacto Internacional obliga a los Estados partícipes a “adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena realización y satisfacción de los derechos aquí reconocidos”.
El sector privado hace ya varios años que es consciente de este cambio social. No es casualidad que se hayan multiplicado por 5 el número de restaurantes 100% vegetales y por 10 el número de restaurantes que afirman haber incorporado opciones veganas a sus menús. También han surgido decenas de ‘StartUp’ de fabricación de productos 100% vegetales, destacando entre ellos la empresa catalana HEÜRA, quienes recientemente han conseguido una histórica ronda de inversión de 4 millones de euros y se ha posicionado como la startup de mayor crecimiento en la industria de la "carne" 100% vegetal de toda Europa, con un aumento del 450% en el último año.
Pero esta realidad social no se ha visto reflejada en la defensa de los derechos de las personas vegetarianas y veganas en el ámbito de lo público. Concretamente se echa en falta la oferta pública y de calidad de menús adaptados a las personas vegetarianas y veganas en los comedores y servicios de ‘catering’ de todos los centros públicos, a saber:
- Colegios, institutos y universidades
- Centros médicos y hospitales donde existan personas ingresadas
- Centros penitenciarios y de menores
- Otros centros públicos donde, ya sean los usuarios, ya los trabajadores de dichos centros, deseen optar por un menú acorde a sus principios éticos.
De hecho, como ya ha quedado constatado que los motivos del veganismo son ideológicos y éticos, podemos afirmar que el veganismo está amparado por el artículo 18 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” donde especifica que está prohibido imponer políticas o prácticas que puedan perjudicar el derecho de libertad de conciencia. Por lo tanto, si el Estado Español no es capaz de ofrecer alternativas adaptadas a los ciudadanos y ciudadanas de este país que presentan objeciones a las dietas convencionales por motivos éticos e ideológicos, estará incurriendo en una violación de este tratado.
También es importante recalcar que este tipo de alimentación es totalmente saludable y apta para cualquier etapa de la vida de una persona, incluyendo el embarazo, la lactancia, la niñez, adolescencia, vejez e, incluso, para deportistas de élite, como así lo atestiguan las mayores asociaciones de nutrición y dietética del mundo.
Es por ello que, las personas, asociaciones y organizaciones firmantes, solicitamos al Congreso de los Diputados que se promulgue una Ley dentro del marco de las políticas sociales, de igualdad y de inclusión, que otorgue a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país el legítimo derecho de escoger un menú acorde a sus principios éticos, un menú 100% vegetal sano y equilibrado.