En Podemos-Ahal Dugu tenemos claro que tenemos que defender tanto la dignidad de los empleos como el compromiso de quienes realizan una actividad económica con el mantenimiento de los servicios sociales públicos, que se pagan lógicamente vía impuestos.

El sector del taxi tradicional está formado mayoritariamente por autónomos, que trabajan y pagan sus impuestos legalmente en Gipuzkoa. De hecho, cuentan con terminales informáticas que mandan inmediatamente información de su actividad a la Hacienda Foral.

Por el contrario, las empresas de Uber y Cabify no sólo hacen intrusismo, sino que se lucran sin pagar impuestos. Nos parecería inaceptable que la administración pública, sea desde un Ministerio, desde el Gobierno Vasco o desde la Diputación Foral, se pueda facilitar una pista de aterrizaje a este tipo de negocios que se camuflan como ‘economía colaborativa’, pero que no son más que competencia desleal e insolidaria, ya que son multinacionales que no dejan aquí sus impuestos.

Aunque la legislación que regula las licencias de vehículos de alquiler con conductor es competencia estatal, finalmente le corresponde a la Diputación realizar la tramitación administrativa de las mismas. Y hay que admitir que, hasta el momento, la administración foral está actuando correctamente en este tema.

Actualmente en Gipuzkoa, con los datos que nosotras manejamos, existen 24 licencias VTC, una por cada treinta taxis. Ninguna de ellas a nombre de Uber o Cabify, plataformas que, según la Diputación Foral, no están operando de momento en el territorio . 

Hace unos meses, el Tribunal Supremo ha dado la razón a una persona que solicitó en Gipuzkoa cuatro permisos para operar con estos turismos con chófer, por lo que la Diputación se verá obligada a tramitar estas licencias. Ha habido, además, 65 peticiones más que el gobierno foral tomo la acertada decisión -a nuestro juicio- de desestimar y que están pendientes de resolución judicial.

Esperamos encauzar el tema de acuerdo con los taxistas, y parece que tenemos en Gipuzkoa un acuerdo bastante amplio entre los partidos sobre este asunto -con algunos matices, como siempre-, y pero creemos que hay sintonía suficiente como para conseguirlo.

Por nuestra parte, desde Podemos-Ahal Dugu en las Juntas Generales tenemos claro por dónde deben ir los tiros y propondremos:

- Por un lado, que la Diputación Foral de Gipuzkoa regule esta actividad y lo haga en defensa del sector tradicional del taxi; 

- y, por otro lado, que la regulación que el gobierno foral impulse sobre la actividad de este sector se haga de manera consensuada y acordada con el mismo.

Es la misma postura que está defendiendo Podemos ante el Gobierno de España y parece que, entre nosotros y otros grupos, hemos conseguido que el gobierno proteja de algún modo al sector del taxi. Se está elaborando a nivel estatal, por parte del Gobierno, un decreto regulador que nosotros queremos que también allí sea consensuado con el sector del taxi, porque es la manera de gobernar conociendo los temas de primera mano, con los pies en el suelo y atendiendo a los problemas reales de las personas trabajadoras.