El caso del índice hipotecario IRPH es un motivo más para avergonzarse de la connivencia del Partido Popular, y el PSOE no ha dado tampoco soluciones definitivas ante la mala praxis de la banca. La postura contraria de la Comisión Europea ha venido a sacar los colores a nuestro país y a ponernos en evidencia ante Europa. Somos conscientes de la importancia de esta cuestión, así como de la angustia y desesperación de sus afectados, y por ello es de responsabilidad y sentido común proteger a los deudores hipotecarios.

La postura de Más País corrobora varios de los puntos de los contenidos en el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que mantiene que el índice IRPH es claramente opaco y poco transparente. A pesar de esto, parte del problema ha sido tener que elevar esta disputa a las instituciones europeas: la decisión del Tribunal Supremo fue contradictoria contra su propia doctrina previa, como lo remarcan los dos votos particulares de esa misma sentencia.

El compromiso de Más País-Equo es el de apostar por una regulación normativa muy cuidadosa y garantista de los derechos de los consumidores, y el caso del IRPH constituye un ejemplo más de las malas prácticas que pretendemos combatir. Por ello, consideramos necesaria la existencia de entidades de carácter público que garanticen derechos financieros, el depósito seguro y el crédito suficiente y en condiciones de plazos y tipos asequibles, entre otras cosas. Necesitamos productos financieros bien explicados, bienintencionados, transparentes y justos.

Siguiendo esta línea, nuestra apuesta de reforma y democratización de la banca pasa por tres ejes: la transformación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un verdadero banco de inversión verde; la paralización de la privatización de BANKIA y Banco Mare Nostrum; así como la recuperación de la banca rural alternativa.

Por todo ello es necesario un Gobierno progresista que defienda a los consumidores ante las prácticas fraudulentas y opacas de la banca y de cualquier sector que haga que se comporte de forma injusta y abusiva sobre el conjunto de la población. Quedamos a la espera de que el TJUE fije su postura, previsiblemente durante el primer trimestre de 2020, y confiamos, más allá del respeto que merecen las decisiones judiciales, en que fallará a favor de los consumidores.