Me llamo Irene, soy de Madrid, y mi marido y yo llevamos tres años intentando tener un bebé. Cuando empezamos, yo tenía 29 años, éramos jóvenes, estábamos sanos y no tenía por qué haber ningún problema. Pero, después de unos meses intentándolo de forma natural, empezamos a hacernos pruebas y me detectaron una reserva ovárica muy baja para mi edad. Como no podíamos permitirnos perder tiempo, nos recomendaron hacer directamente una fecundación in vitro y acudimos a un centro privado de reproducción asistida. No tuvimos éxito.

Dos meses después, me quedé embarazada de forma natural, fue casi un milagro porque teníamos un 2% de probabilidades de que eso sucediese. Por desgracia, lo perdimos a las nueve semanas. Lo supimos en una ecografía de rutina: “No hay latido”. En algún momento, su corazón se había parado sin que nos diésemos cuenta, era un aborto diferido y tuvieron que hacerme un legrado.

Tras esta terrible experiencia, decidimos intentarlo en los servicios de reproducción asistida de la Seguridad Social. Aunque hay algunos criterios de admisión comunes, cada comunidad (y cada hospital, prácticamente), tiene sus propias condiciones. Mi baja reserva jugaba en nuestra contra pero, después de algunas analíticas, nos aceptaron para hacer un ciclo de prueba. Estuvimos en lista de espera unos nueve meses, poquísimo tiempo comparado con otros hospitales en los que puede llegar a los dos años y medio. Sin embargo, cuando por fin empezamos la fecundación in vitro en enero de este año, no fue bien. Mi cuerpo no respondió como debía a la medicación que me pautaron y nos cancelaron el ciclo antes de llegar siquiera a la punción. 

Nos dijeron que nuestra mejor opción era la ovodonación, que consiste en realizar una fecundación in vitro utilizado óvulos de una donante. Sin embargo, debíamos volver a la privada, ya que la ovodonación solo está cubierta por la Seguridad Social en casos muy concretos, y yo no cumplía los requisitos. Aquí terminaba nuestra historia con el servicio público.

Volvimos a la reproducción asistida privada y, después de unos meses paralizados por la pandemia, en septiembre de este año por fin logré volver a quedarme embarazada. Por supuesto estamos muy felices, pero a la vez muy asustados. Ha sido un camino largo y difícil, y hemos tenido que pasar por situaciones muy duras que no queremos que se repitan.

Cuando tuve el aborto, me sentí sola e incomprendida. No hay un protocolo en los hospitales para algo así, ni en la pública ni en la privada. Es muy doloroso que te ingresen en la planta de maternidad y estar perdiendo a tu bebé mientras escuchas a otras madres dando a luz a los suyos. No hay ningún acompañamiento psicológico que ayude a pasar el duelo, y esto hace que sea aún más difícil hablar de ello, convirtiéndolo en lo que ha sido siempre: un tema tabú. Es algo que pasa mucho más a menudo de lo que pensamos, y sin embargo sigue estando muy invisibilizado.

Es por esto que me quiero dirigir a los miembros de la Asamblea de Madrid, ya que soy de Madrid y son mis representantes en dicha cámara, para que se establezca un protocolo de acompañamiento y seguimiento en los hospitales dirigido a las mujeres que sufren pérdidas por muerte gestacional, perinatal o neonatal, tanto desde el punto de vista médico como psicológico, para así romper ese silencio y ayudar a pasar este tipo de duelo de una forma más humana.

Hace unos días, el 15 de octubre, fue el día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. Muchas mujeres alzamos la voz en redes tratando de darle visibilidad, porque callar nuestras pérdidas no hace que nuestro duelo sea menos duro, más bien al contrario.