Mi nombre es Irune Costumero, resido en Bizkaia y hace 3 años me arrancaron a mi hija de 5 años de edad debido al supuesto e inexistente Síndrome de Alienación Parental. Somos muchas las familias afectadas por este supuesto Síndrome, y me dirijo a los miembros del Congreso de los Diputados para contar mi historia y exigir justicia. 

Cuando mi hija contaba con año y medio, tuve que salir huyendo de mi casa con ella por un episodio de malos tratos del padre hacia mí. Un día, el padre de mi hija, junto con los abuelos paternos, aprovecha que yo estoy trabajando y que mis padres salen a la calle con ella a comprar para arrebatarles con violencia a mi hija y secuestrarla, agrediendo a mis padres. En el juzgado no consta como secuestro, ya que el padre alega que está de vacaciones con su hija. 

Estuve casi tres meses sin saber nada de ella. Antes de poder verla tuvimos un juicio donde la jueza nos dio una custodia compartida. El padre de mi hija alegó que me tenía miedo y solicitó un punto de encuentro familiar (pef).

Según iban pasando las semanas y tras el secuestro, mi hija empezó a tener terrores nocturnos, tenía miedo a dormir sola, a la oscuridad, contaba que su padre la dejaba encerrada en un cuarto, tenía pesadillas, gritaba “con mi padre no” y acababa vomitando.

Al ver que esa situación se prolongaba en el tiempo la llevé a una psicóloga clínica y psicoterapeuta, especialista en atención temprana, que determinó que tenía trastorno de ansiedad de separación de la familia “siendo el rasgo diagnóstico clave una ansiedad excesiva y centrada en la separación de la madre”.

Con tres años, un día entró al pef y la vi con semblante triste y le pregunté qué le pasaba y me dijo delante de una trabajadora de allí “mi padre me ha pegado”. Tenía moratones en la parte interna del muslo y refería que se los había hecho su padre pellizcándola porque se había salido de la hoja en la que estaba pintando y había pintado la mesa.

Decidí ir al hospital para que corroborasen si esas heridas se correspondían con el relato de mi hija. En el Hospital abrieron el protocolo de malos tratos hacia el padre y se dijo (por orden del juez) que las heridas no eran tan graves como para que se le impidiese ir con su progenitor. 

A la semana siguiente de la agresión nos llegó una citación del juzgado para que mi hija fuese a una prueba pre constituida. En dicha prueba mi hija contó que su padre le pegaba, que era malo, que hablaba mal de su madre, que no quería estar con él, que quería estar con su madre y con sus abuelos maternos, que su madre era muy buena…

Al cabo de unos días se celebró el juicio al padre de mi hija en el que le hicieron varias preguntas muy básicas: ¿has pegado alguna vez a tu hija?, ¿la pegaste el día tal?, ¿tienes mala relación con tu exmujer?, ¿la niña es fantasiosa? Se desfiguró mi figura como madre y se tachó a mi hija de ser imaginativa y poder estar inventándolo.

A medida que mi hija iba creciendo, más se evidenciaba su sufrimiento. Perdía el control de esfínteres dentro y fuera del punto de encuentro, debido al pánico que sentía. El estado de ansiedad en el que mi hija se ponía imposibilitaba que fuese al encuentro de su padre. Una vez tuvimos que ir a urgencias del hospital debido a una crisis nerviosa. Fue imposible que mi hija fuese al encuentro con su padre durante 17 meses, aun así yo no incumplí con mi obligación de llevarla al pef y hacer todo lo posible para que fuese con él, mi hija se iba deteriorando cada vez que teníamos que ir al pef.

Allí solo se centraron en reestablecer el vínculo de la niña con su padre, y no se preocuparon del sufrimiento de mi hija ni de investigar por qué se comportaba de tal forma. En los informes sobre lo que sucedía, se describía la situación como “instrumentalización”, “conflicto entre progenitores” o “conflicto de lealtades”.

El juzgado envió el caso a la Diputación Foral de Bizkaia, y a través del instrumento Balora, se declara a la niña en desprotección grave por maltrato infantil, ya que yo, su madre, según ellos la instrumentalizo para que no quiera estar con su padre. Por ello se declara el Síndrome de Alienación Parental, un término inventado en 1985 por el psiquiatra infantil Richard Gardner, que se dice que aparece cuando un progenitor manipula a un hijo para romper vínculos con el otro progenitor (SAP). Este supuesto síndrome siempre se ha utilizado para criminalizar a las madres. 

Me citaron el 4 de agosto de 2017 en el Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia. Me llamó una mujer y me dijo que fuese con mi hija. Fue toda una auténtica ENCERRONA.

Más de 10 miembros de la Diputación Foral de Bizkaia, policía foral, vigilantes de seguridad y Ertzainas uniformados, me arrancaron sin previo aviso a mi hija de 5 años de edad, ignorando sus gritos de auxilio, incumpliendo hasta el manual de intervención de la propia diputación, se vulneraron los derechos del niño de la convención de las naciones unidas, así como el derecho a ser oído, hubo un claro maltrato institucional, ya que la diputación foral de Bizkaia actuó con abuso, negligencia, perjuicio de la salud, de la seguridad, del estado emocional, del bienestar físico, la correcta maduración y con violación de los derechos básicos provocando un gran daño en mi hija y en mí.

Nadie me avisó de lo que iba a suceder, nos engañaron, no nos dejaron ni despedirnos, nos separaron. Mientras me estaban leyendo la Orden Foral que me impedía todo contacto con mi hija, me levanté e intenté salir de esa sala, el hombre se puso delante cual machaca y no me preguntéis cómo salí pero salí, y oí a mi hija gritándome desesperada, pero no logré recuperarla.

En la orden foral, la Diputación Foral de Bizkaia asumía provisionalmente la tutela de mi hija y le cedían provisionalmente la estancia al padre. No podía tener ningún contacto con ella durante un mes y luego ya se vería. 

En septiembre de 2017 (al mes del arrancamiento) Fiscalía recuerda que el Ente Foral no está legitimado para cambiar una resolución judicial, es decir, que la Diputación Foral de Bizkaia no podía cambiar la custodia compartida que nos dio un juez en 2014.

Tardé tres meses en verla, antes tuve llamadas supervisadas en las que supervisaban todo lo que le decía. Posteriormente me decían que debía de curarme, que instrumentalizaba a mi hija.

La primera vez que la vi fue en un punto de encuentro, estuve en todo momento vigilada, y así pasaron los meses hasta lograr breves visitas al exterior. 

Denuncié a la Diputación Foral de Bizkaia. Denuncié y denunciaría mil veces más porque me quitaron todo, todo hasta el miedo. La sensación de estar muerta en vida, de sangrar y no dejar de sangrar es terrible. Somos madres normales con nuestras carreras, nuestros trabajos, nuestros amigos, pero ante todo somos buenas madres y luchamos porque a nuestros hijos e hijas se les escuche.

Por favor, nuestros hijos e hijas tienen vida, sienten, sufren, no se les puede romper así su infancia. El miedo al que les someten las instituciones es terrible y esto tiene que acabar.

Después de más de 3 años, seguimos esperando un juicio sobre todo lo que ha pasado. Pero la justicia es muy lenta. Mientras no tengamos juicio, mi hija va a seguir estando bajo la tutela de la diputación, viviendo con su padre y yo viéndola bajo restricción. Además, como el sistema está externalizado, mi hija está en manos de una empresa privada (Bizgarri) que saca beneficio económico de su situación. 

Con todo ello, considero que mi hija no puede pasar más tiempo fuera de su casa, el juicio penal puede tardar años y hay pruebas más que suficientes que evidencian el grave daño que esta medida ha supuesto en mi hija. 

El instrumento “BALORA” debería de reformularse y quitar el inexistente Síndrome de Alineación Paternal. Es una autentica paradoja que un instrumento se cree para proteger a los niños y niñas y acabe desprotegiéndoles, apartándoles de sus madres, de su hábitat.  

Mi hija, después de mucho tiempo estando con su padre, pesaba 17 kilos con 7 años, tenía ojeras, un visible daño psíquico y no dormía. Me da miedo que cuando la justicia empiece a actuar ya sea demasiado tarde.

Traslado este mensaje al Congreso de los Diputados porque sé que, como yo, hay muchas personas que se han visto afectadas por el supuesto síndrome de la alienación parental, para que seamos escuchados y para que se haga justicia.