Hola Javier

Está claro que los sucesivos gobiernos de España (PP y PSOE en alternancia) han hecho caso omiso a ese artículo de la Constitución Española que citas:

"...Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (a una vivienda digna), regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación"

Durante estos años en España se ha hecho lo contario, es decir, promover la especulación y permitir el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. En el origen de la crisis económica descatan factores como la existencia de un modelo de crecimiento insostenible basado, además de en el endeudamiento, en la expansión del sector inmobiliario.

Es imprescindible acabar con la especulación inmobiliaria, pero hay otros asuntos que no podemos descuidar. Las personas más desfavorecidas son las que más están sufriendo los efectos de esta crisis. Muchas familias que han quedado en situación económica precaria debido a esta crisis han sido desahuciadas al no poder afrontar el pago de la deuda por la compra de su vivienda. 

UPYD fue el primer grupo que presentó una ley de dación en pago en el Congreso de los Diputados (marzo 2012). Propusimos retocar la Ley Concursal para que los acreedores puedan acudir a la autoridad judicial y buscar un acuerdo con las entidades bancarias para renegociar las hipotecas y, en caso de no lograrse, permita a las personas físicas declararse insolventes y responder únicamente a la deuda con sus bienes embargables.

Es decir, en caso último de que una persona no pueda afrontar el pago de la deuda, que éste pueda saldarla únicamente con la entrega de la vivienda y no tenga que acarrear con el pago de la misma después. También conocida como “fresh start” o segunda oportunidad.

La iniciativa recoge también la exigencia por ley de que los bancos ofrezcan hipotecas de responsabilidad limitada como lo normal salvo acuerdo expreso y reclama una Ley de Crédito Responsable para que, si ha habido un fraude, incumplimiento o abuso de la entidad financiera, esté obligada a aceptar la dación en pago.

Esta iniciativa, que hubiera servido para paliar en gran medida el sufrimiento de muchas familias en situación de desahucio, fue tumbada por la mayoría absoluta del Partido Popular, a pesar de que recibió el apoyo de los grupos de la oposición.