En Castilla La-Mancha (y en casi todas las autonomías) está habiendo una gran expansión de las granjas de ganadería intensiva. A pesar de que en múltiples estudios se nos alerta del peligro que conlleva su instalación para el medio ambiente, la política de la actual administración es potenciar su proliferación mediante subvenciones, dando licencias a instalaciones con declaraciones de impacto ambiental mal realizadas y evitando cualquier tipo de control sobre el tratamiento de purines.

Esta ganadería contribuye al calentamiento global por los gases que genera y por la deforestación que ocasiona en los países que cultivan los transgénicos con los que se hace el pienso. También ocasiona en el terreno donde se instala la nitrificación de los suelos, la contaminación de los acuíferos, la emanación de gases peligrosos y la proliferación de insectos.

Si se ha conseguido parar algunos proyectos y  alguna rectificación en la normativa ha sido por la movilización vecinal organizada en plataformas y movimientos y sin ningún respaldo de la administración a la hora de  asesorar, escuchar las denuncias de ilegalidades o hacer el seguimiento  de los proyectos.