No supone esto de hecho una discriminación constitucional entre comunidades autónomas en cuanto a financiación que al final tiene como resultado diferencias en la prestación y calidad de los servicios públicos. Las estadísticas muestran que las comunidades "forales" gozan de mejor ratio de bienestar y prosperidad respecto al resto del Estado, situándose a la cabeza. Lo justo y democrático no sería que todas se rigieran por el mismo sistema, es decir, por el régimen general o todas con su propio sistema fiscal.