El objetivo primordial del TTIP es la liberalización del comercio de bienes y SERVICIOS. Por supuesto que supondría la privatización (o su eufemismo ‘externalización’) de todo tipo de servicios públicos.

Las grandes multinacionales son las que están en primera fila en las negociaciones del tratado (más del 90% de las reuniones con los negociadores), así que se puede decir que el TTIP es la Constitución de las Multinacionales, su lista de deseos para reordenar el comercio internacional.

Éstas grandes empresas quieren acceder al enorme mercado de compra pública y de inversión pública europea, que supone el grueso de los presupuestos nacionales. Sólo en compra pública, España invierte el 18,5% de su PIB. Entendemos así el goloso mercado que supone abrir esta bolsa de dinero público a las manos privadas.

Por otro lado, el TTIP establece unas cláusulas que impiden la remunicipalización de servicios previamente privatizados. Es decir, que todos los procesos de devolución a manos públicas de servicio como el agua, que están teniendo lugar en muchos ayuntamientos, serían imposibles con el TTIP.

Además de eso, el Gobierno español no ha presentado reservas a la liberalización de servicios públicos, ni dentro del CETA ni dentro del TTIP, y a diferencia de otros países europeos, como Francia, que se han guardado el derecho y la capacidad de gestionar desde lo público numerosos servicios sociales, de educación o de sanidad. Este caso es alarmante, ya que supone una negligencia absoluta por parte del Gobierno del PP, que facilita así el desmantelamiento del Estado de Bienestar.

No podemos olvidar cómo afecta, especialmente, la privatización de los servicios públicos a las mujeres, que cargan sobre sus espaldas la economía de los cuidados, llegando donde no llega el Estado de Bienestar. Al eliminar más aún los servicios públicos, se fomenta aún más la feminización de la pobreza, condenándonos a las mujeres a un exilio interior e invisible. El TTIP es un GRAN enemigo de las mujeres.