protección de los trabajadores
La política debe asegurar la formación y el dinamismo de los ciudadanos y, por otro, debe remover obstáculos para aumentar la productividad, atraer inversión y crear riqueza y empleo, asegurándose de que las ganancias redunden también en la sociedad. Por supuesto, también debe velar por quienes han visto destruido su empleo en su sector en beneficio de nuevos sectores; no sólo garantizándoles prestaciones básicas sino procurándoles oportunidades de reciclarse y reengancharse a la vida laboral. No obstante, soy consciente de que las exigencias del mercado laboral son altísimas, todo va muy rápido y esto genera desigualdades y dramas personales.
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Este mensaje va dirigido a nuestros representantes en el Parlamento Europeo.
La empresa DIMA (perteneciente a BOYACÁ) pretende destruir 130 empleos, lo que supone más del 50% de la plantilla. De ser así, los que sigan trabajando cobrarán un 50% menos sin llegar a cubrir nuestros gastos fijos como transportistas autónomos y sin asegurarnos un número de jornadas que permita facturar lo necesario para autónomos y transportistas.
Esta incertidumbre está afectando a 300 familias, las cuales llevan un año intentando negociar con la empresa de distribución. Sin embargo, su única respuesta ha sido la negativa a impedir el centenar de despidos.
Desde la posición que ocupan, como diputados del Congreso, ¿qué pueden hacer por nosotros? ¿Qué será de las familias afectadas? ¿Permitirán un trabajo esclavista?