Mi exmarido me maltrató física y psicológicamente durante 12 años. Pude sobrevivir y divorciarme de él, pero ahora, sigue ejerciendo violencia económica sobre mí, puesto que no me ingresa la pensión de alimentos de nuestros hijos y además se niega a seguir pagando su parte de la cuota de la hipoteca. 

Además, esto no solo me afecta en lo económico, también me genera trabas en el ámbito educativo y social de mis hijos, en mi círculo de amistades, familiar, mis relaciones sociales... Con mi sueldo no llego a todo, no me llega para mantener a mis hijos, si necesitan material escolar, medicamentos o ir a algún especialista no podré darles lo que les hace falta.  Priva intencionalmente a mis hijos, para generarme sufrimiento y parece que todavía vivo atrapada en sus redes. No sé cómo salir de aquí. 

A pesar de estar incluido en el Convenio de Estambul, que lo contempla como violencia contra la mujer, no está recogido como tal en ningún ordenamiento jurídico. Por ello, me dirijo a los/las políticos/as del Congreso de los Diputados. Necesitamos soluciones ahora. 

El Gobierno indicó que iba a estudiar cómo incorporar la violencia económica en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pero yo no puedo esperar más, necesito que se tipifique ya. Es más, hasta la actualidad, el delito de impago solo comprende las pensiones atrasadas, pero no se tiene en cuenta todo lo demás. Como apuntaba la magistrada Lucía Avilés, tiene que haber una regulación del daño social provocado por ese impago: “alimentación, la adquisición de productos farmacéuticos, tratamientos médicos, ocio, actividades extraescolares, culturales, ropa, calzado…”. 

Es un tipo de violencia del que no se habla, que no se acaba y que las mujeres tenemos que seguir sufriendo durante años. Esto tiene que terminar, necesitamos que este tipo de violencia se tipifique en la ley ya.