Marea Negra por la Seguridad Privada es una asociación para profesionales y lucha día a día por dignificar este sector olvidado.

Vivimos en un conflicto que lleva latente mucho tiempo y precisamente por eso, estamos llevando a cabo una serie de acciones para luchar por nuestros derechos laborales.

El sector de la Seguridad Privada engloba no sólo a los vigilantes de seguridad sino también a los vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales (caza y pesca marítima), detectives privados, directores de seguridad, etc. Y todos compartimos una enorme desprotección jurídica. Sufrimos agresiones prácticamente a diario y nuestra Ley 5/2014 de Seguridad Privada nos reconoce cierta protección jurídica, pero desgraciadamente apenas se aplica. Por lo que nos vemos solos ante el peligro. Si sufrimos una agresión no tenemos el apoyo ni de la policía ni de la Guardia Civil, por eso exigimos tener una protección jurídica completa.

Desde Marea Negra solicitamos que se haga una modificación en la Ley de Seguridad Privada para que se adecúe a los tiempos que corren. Con unos simples grilletes nos es imposible defendernos de un delincuente armado. Por eso es fundamental que se remodele la ley o que se saque adelante el reglamento, porque está completamente estancado teniendo en cuenta que es del año 1994.

Necesitamos que haya mejoras dotacionales en las herramientas de trabajo. Creemos que es fundamental que se nos faciliten pistolas taser y más medios de protección siendo obligatorio en todos los servicios los chalecos anticorte. Hay compañeros que, debido al peligro al que esta expuestos, son ellos mismos los que tienen que comprárselo cuando, en realidad, deberían ser proporcionados por las empresas.

En cuanto al salario se refiere, la mesa negociadora está rota porque la patronal no nos sube las retribuciones salariales. El IPC cada vez está más alto. Mientras, nuestro sueldo base es 990€ y cobramos un plus de peligrosidad de 20,59€ al mes, lo que nos hace vivir de manera muy precaria. Por eso exigimos que haya un aumento tanto del plus de peligrosidad en todas las categorías y como de las retribuciones salariales en base al IPC.

Desde la asociación también apostamos por ampliar y mejorar la formación que tenemos más allá de los cursos de reciclaje de 20 horas que hacemos. Creemos que es importante que haya una formación estatal por parte de las academias de Policía Nacional y Guardia Civil. Además, también consideramos indispensable rebajar la edad de jubilación a los 60 años. En ningún caso una persona de 65 años va a poder ejercer esta profesión sin correr un gran riesgo.

Todos estos problemas requieren de una pronta solución y deberían ser regulados por la Ley de Seguridad Privada.

También es fundamental que desde las instituciones se hagan controles más rigurosos a las empresas que se presenten a licitación pública, porque en su mayoría ni cumplen los convenios ni tienen a sus trabajadores en condiciones aptas.

Por todos lo expuesto anteriormente pedimos que los miembros del Senado nos escuchen y defiendan nuestros derechos laborales modificando y actualizando nuestra ley.