Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasan la mitad del comercio mundial, provocan disfunciones a nivel global y a nivel local. Con impuestos próximos al 0%, la elusión fiscal de las grandes empresas a través de los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden y / o no quieren hacer uso de ellos. La elusión fiscal a través de los paraísos fiscales también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios sociales. Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen organizado, de mafias y de grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas...

Las graves consecuencias que conllevan los paraísos fiscales han hecho que diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) estén tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de los paraísos fiscales por parte de grandes empresas para eludir o evadir impuestos. En este sentido, la OCDE ha establecido que las empresas multinacionales tienen la obligación de hacer público un listado de todos los países en los que opera y su cifra de negocios en cada uno de estos países (Country-by-country reporting). En esta misma línea, el Gobierno se ha comprometido a que las empresas que facturen más de 750 millones de euros al año tengan que aportar esta información a partir de 2016.

Los ayuntamientos pueden reducir el impacto global de los paraísos fiscales y tratar de modular el comportamiento fiscal de las empresas hacia prácticas responsables a través de un mayor control de los concursos públicos locales, para que éstos se den en condiciones de libre competencia, y no de dumping fiscal.

Por todo lo anterior, nos comprometemos a promover y firmar los siguientes acuerdos:
 

1. Declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales, comprometiéndose a dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para hacer fraude.

2. Estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para evitar la contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales.

3. Comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes:

a. Hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía del municipio, a Oxfam Intermón, a los grupos parlamentarios municipales y a la comisión de economía de la Comunidad Autónoma, a los gobiernos de la Comunidad Autónoma y de España, y al Ministerio de Hacienda;
b. Hacer pública la documentación presentada por las empresas que opten a concursos públicos, donde se detalle su presencia en paraísos fiscales, y la cifra de negocios, beneficios e impuestos pagados en cada uno de estos;
c. Compartir con otros municipios y con la ciudadanía la información relativa a las decisiones sobre las empresas que han recibido puntos positivos y las que no, en función de su responsabilidad fiscal.

En resumidas cuentas, en 2017 ya presentamos en el Ayuntamiento de Granada una moción para declarar nuestra ciudad como territorio libre de paraísos fiscales. Creemos que es un punto clave a la hora de luchar contra la corrupción, y una gran oportunidad de influenciar desde lo local a otras instituciones de ámbito territorial mayor.