En 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, que enseguida pasó a conocerse como ley mordaza por su principal intención de restringir la libertad de expresión, reunión y manifestación, y de información. No tardaron en llegar los primeros casos: titiriteros, personas anónimas que hacían chistes en Twitter (como Casandra), cantantes (César Strawberry o algunos raperos)... Independientemente de la sentencia final, el hecho de enfrentarse a un juicio por expresar su opinión ya suponía una vulneración de derechos.

Así lo denunciaron desde el principio tanto la ONU como diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. En el caso de la ONU, lleva años pidiendo al Gobierno que la derogue y en 2020 dedicó a nuestro país una veintena de advertencias sobre libertad de expresión en el marco del tercer Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU a España.

Ahora hemos sabido que el Gobierno quiere modificar la ley, a pesar de que tanto las organizaciones como la ciudadanía queremos su derogación. Una modificación implica que al Gobierno le sigue resultando útil mantener una ley que restringe derechos fundamentales, algo que, sin duda, no habla bien de un país que se dice democrático ni de unos partidos que se dicen de izquierdas. Además, si miramos la letra pequeña de la modificación propuesta, vemos que en el fondo cambia muy poco, pese a que la anuncien a bombo y platillo.

Todo empezó mal desde el principio, desde que sacaron de la negociación las devoluciones en caliente, consideradas por tribunales internacionales y numerosas organizaciones como prácticas ilegales que atentan contra los derechos humanos. Aparte de esto, uno de los cambios que el Gobierno ha anunciado con más orgullo es sobre la grabación de imágenes de policías. La ley mordaza prohibía que se pudiera grabar a los agentes en el ejercicio de su profesión y eso ahora, aparentemente, cambiará. Lo que no cuenta el Gobierno es que en noviembre de 2020 el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional esa prohibición. Además, aunque la modificación habla de que no se considerará infracción la mera grabación, sigue matizando que sí «se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar». Así, deja la puerta abierta a todo tipo de ambigüedades.

Respecto a esto, la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) denuncia que las causas principales de las multas contra periodistas, manifestantes o artistas —la «desobediencia a la autoridad» o las «faltas de respeto»— no fueron declaradas inconstitucionales y podrían mantenerse intactas en la reforma.

Otra medida que aparentemente iba a cambiar era la presunción de veracidad de la policía en los juicios. La reforma la mantiene, aunque matiza que el acta tendrá esta presunción «siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario». El hecho de añadir la palabra «razonable» podría limitar la presunción en un juicio, aunque, de nuevo se trata de un concepto vago, y los conceptos vagos suelen beneficiar a las autoridades. Este principio de veracidad es muy grave, ya que expone principalmente a periodistas —pero también a la ciudadanía— a enfrentarse a juicios absurdos pero duros solo con el testimonio de la policía. Es lo que le pasó al fotógrafo Albert García mientras cubría las manifestaciones tras la sentencia del procés en octubre de 2019. Él aseguró que le impedían fotografiar actuaciones policiales dudosas, pero la Fiscalía le acusó de atentado contra agentes de la autoridad y un delito leve de lesiones. Finalmente, en noviembre ha sido absuelto por «falta de pruebas», pero, de nuevo, ha tenido que enfrentarse a todo el sistema por hacer su trabajo.

Por último, aunque no por ello menos grave, la nueva modificación tampoco prohíbe el uso de las balas de goma, tan utilizadas y tan desaconsejadas por la ONU y por el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa. En la nueva norma hay un apartado específico para el material antidisturbios, pero no elimina el uso de balas de goma, solo abre la puerta a que se regule «según los estándares internacionales». De nuevo, palabras vagas que no implican ninguna acción real.

Aún recuerdo cuando se aprobó la ley, especialmente para reprimir protestas y evitar otro 15M. Recuerdo indignarme cada vez que se conocía alguno de los casos mencionados al principio, porque al día siguiente podía ocurrirme a mí. O a ustedes. Recuerdo la autocensura en redes, ¿y ustedes? ¿Todavía seguimos haciéndolo? Definitivamente, sí. La ley mordaza nos enseñó que el peso de la ley puede caer sobre nosotros a menos que nos dobleguemos. ¿Cómo? Callándonos. Nadie debería tener que callarse en una democracia. Nadie debe tener miedo de hablar. Y ha pasado. Está pasando. Por eso, no queremos modificaciones; queremos que no exista ninguna ley que restrinja derechos fundamentales. Exigimos la derogación.

La campaña esta ilustrada con una fotografía de Carlos Delgado. Licencia de Creative Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manifestaci%C3%B3n_contra_la_Ley_Mordaza_en_Madrid_20-12-2014_-_24.jpg)