Empezaré diciendo que resulta difícil definir cuál es el mayor problema en Gasteiz, de entrada porque normalmente los problemas, así como las soluciones, tienden a estar interconectados, formando ese nudo gordiano que nos quieren hacer creer que es irresoluble. En cualquier caso y si optamos por ver cuál es el problema que afecta directamente a un mayor número de gente, y que, si seguimos como hasta ahora, tenderá a convertirse en estructural, este problema sería el paro y la situación socioeconómica.

Que los problemas están interconectados quiere decir que dónde se sitúa el marco de decisión en estas cuestiones marca ineludiblemente qué se puede plantear. El derecho al trabajo se reconoce en las normales fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta social europea, o la Constitución.

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948

Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Sin embargo vemos cómo este derecho fundamental, como tantos otros, es sistemáticamente ignorado frente a otras prioridades económicas, no reconocidas en ninguna carta ni declaración, que no afectan a ciudadanos y ciudadanas sino a otros tipo de intereses, pero la defensa de estos está perfectamente controladas por la troika, que se asegura así de extender la precariedad y la pobreza de muchos y muchas para beneficio de unos pocos.

Nuestro objetivo es una política centrada en las personas, en la justicia social, en las próximas generaciones, que abra las puertas a un nuevo escenario con mayor igualdad, dignidad y justicia para todos.

Como ejemple de esa iniciativa está la inclusión de la Clausula social en todos los contratos que firme el Ayuntamiento. Acabar con las prácticas de privatización de servicios y optar, por el contrario, en ofertas públicas de empleo para todos los servicios públicos, una redefinición de qué es servicio público. Una estrategia de apoyo a las empresas de economía social, etc.

La apuesta por empleo de calidad. Tenemos una capacitación profesional de la juventud que para sí quisieran en otros lugares. Pero lo que se ha invertido en educación se pervierte por la incapacidad de generar tejido industrial sólido, sostenible y de alto valor añadido. Falta innovación, hay que pensar en verde, en sostenibilidad, en proyectos de energías renovables, en reciclado de materiales, en nuevas apuestas y auténticos brotes verdes.

Es cierto que los principales marcos de decisión con respecto a este problema no son precisamente las instituciones locales, pero esto no debe ser óbice para que sean los ayuntamientos, desde la proximidad y el control por parte del ciudadano, los que den los primeros pasos en la construcción de un modelo de sociedad más justa e igualitaria.