Mi nombre es Nerea, soy de Lleida y soy madre de una pequeña de siete años. El pasado octubre fuimos desahuciadas. Con esta campaña quiero denunciar y exponer las complicaciones e imposibilidades, así como trabas burocráticas, para encontrar una alternativa habitacional y que se nos conceda una vivienda social a través de la Mesa de Emergencia.  

La Mesa de Emergencia es el realojo a través de un alquiler social para familias en situación de vulnerabilidad y exclusión residencial en una vivienda social a través de viviendas de las administraciones locales o de la Generalitat de Catalunya. Es decir, es un mecanismo que pretende evitar que las familias en situación de vulnerabilidad queden en situación de sinhogarismo. No obstante, mi caso, junto con el de otras muchas personas, demuestra cómo las trabas burocráticas para acceder a él no solo supone un fallo de la Administración, sino que, además, está negando a personas y familias vulnerables una alternativa o solución habitacional digna.  

Nuestro problema habitacional comienza a finales de 2022, cuando como familia vulnerable, de bajos recursos, mi hija y yo nos encontrábamos a la espera de un alquiler social en el piso donde residíamos en aquel momento. No obstante, al ver que el proceso se retrasaba, debido al acoso y agresiones (denunciadas) por parte de dos individuos que ahí habitaban y ver que no era un entorno seguro para mi hija, decidí abandonar la vivienda. 

En ese momento, empezó una búsqueda exhaustiva de alquiler, en la que, por mis condiciones económicas y la situación de la vivienda en general, era imposible conseguir un alquiler. Finalmente y fruto de la desesperación, firmé un contrato con un particular, que se presentó como el propietario del piso y que fijaba una exagerada fianza de 3.000 euros que supuestamente reemplazaba el pago de la renta mensual durante 13 meses junto con obras que debía hacer para habilitar la casa.  Estaba en pésimo estado, pero fue el único piso que encontré. Al entrar en el piso me encontré con que el propietario era otra persona y había caído en un fraude. Por esta razón, el verdadero propietario consideró que era una “ocupación”, denunció y se me desahució. 

El problema reside en que, desde el desahucio, en el que ya hubo irregularidades, ya que no se me facilitó la orden hasta meses más tardes, no asistió la comitiva judicial ni representación legal, etc., me he encontrado totalmente desamparada por todas las administraciones.  Y por eso, a día de hoy, me encuentro separada de mi hija (vive mientras con su padre) y en situación de sinhogarismo desde hace meses.  

He solicitado nueve veces acceder a la mesa de emergencias, pero todas mis solicitudes han sido desestimadas o desfavorables. Me piden documentos a los que no tengo acceso, no puedo recuperar o para los que tengo que esperar a que se resuelvan sentencias, lo cual puede tardar más de un año. Se trata de una situación complicada al igual que grave, por eso solo pido que se considere mi caso y se me ofrezca una solución habitacional real que me permita reunirme con mi hija y poder solucionar todas estas complicaciones.  

Por otro lado, es importante destacar que mi situación no es la única y lo que no es posible, es que los mecanismos que se supone que deben proteger y evitar situaciones tan dramáticas y dañinas psicológicamente, pongan tantas trabas administrativas dificultando el acceso hasta puntos inimaginables.  

Por ello, y con todo lo aquí plasmado, quiero dirigir este escrito a los representantes del Ayuntamiento de Lleida, para que, por favor, escuchen, tomen cartas en el asunto y me ayuden a encontrar una solución.  

Nadie debería estar en la calle.  

Pido desde aquí la máxima difusión y apoyo a esta campaña. ¡Gracias a tod@s!