La Dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, instaurada por segunda vez en la historia desde el año 2007, ha socavado la institucionalidad, la independencia, la soberanía misma, la justicia y sobre todo el orden democrático, centralizando todos los poderes del estado, valiéndose de una policía partidaria sandinista y el ejército personal de la actual dictadura, imponiendo así un estado totalmente represivo, con persecución a opositores, medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas independientes, empresa privada, comunidad LGBTIQ+ y sociedad civil en general.

Desde el año 2018, la ciudadanía nicaragüense autoconvocada inició una lucha pacífica por la democratización, justicia, reparación a las víctimas, la no repetición, verdaderas elecciones libres y transparentes con el debido acompañamiento de organismos internacionales, restitución del estado de derecho, las libertades públicas e individuales, libre movilización, derecho de reunión libre, a la protesta pacífica, libertad de expresión, de prensa libre e independiente y respeto a los derechos humanos del pueblo que hoy por hoy sigue exigiendo Libertad.

La crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha dejado como resultado, más de 350 asesinados, más de 150,000 exiliados, que aún continúan saliendo ante al deterioro y colapso económico que mantiene la actual dictadura que se impone con puño de hierro y las armas ante un pueblo amordazado e indefenso. 

El pasado 7 de noviembre del año 2021, se consolidó una farsa electoral, orquestada por la dictadura de Ortega y Murillo a través de un Consejo Supremo Electoral CSE institución a su servicio y un poder judicial como brazo ejecutor que sirve para criminalizar a cualquier opositor, a través de leyes inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos que propiciaron su continuidad en el poder. 

Mantienen secuestradas en permanentes condiciones inhumanas, bajo constantes amenazas y torturas de todo tipo en las cárceles de los distintos sistemas penitenciarios del país a más de 170 personas presas políticas, siendo ejemplo actual de su completa aberración dictatorial los últimos secuestrados que permanecen en la dirección de auxilio judicial, conocido popularmente como “El Chipote”, voces disidentes que se rehúsan a las políticas represivas de la dictadura. 

Nuestros hermanos de lucha, presos políticos están siendo torturados física y psicológicamente, lo que compromete su integridad humana. Los familiares de las víctimas han podido constatar y denunciar el aislamiento, exposición al frío extremo, alimentación deficiente, privación del sueño, falta de atención médica entre otros malos tratos, que vulneran los derechos de estas personas, entre las cuales se encuentran enfermos valetudinarios y personas de la tercera edad. A esto se suma la activación de procesos judiciales, totalmente arbitrarios y que a su vez no guardan observancia de los principios procesales mínimos, entre los que se encuentran el derecho a la defensa efectiva, estos juicios deben ser declarados nulos ya que son dictados y ordenados por un gobierno que internacionalmente ha sido declarado de origen ilegítimo que a pesar de la farsa electoral todos sus actos son igual ILEGÍTIMOS, carecen de todo fundamento legal. 

Por todo lo anteriormente expuesto, en aras de lograr una real y completa restitución de los derechos civiles, políticos y humanos en Nicaragua; evitar un mayor colapso económico, político, social y la actual crisis humanitaria que afecta, no sólo a Nicaragua, sino al continente americano, y más allá de otras regiones del mundo por la masiva y permanente migración de nicaragüenses. A este calvario sumamos el constante asedio, secuestro, represión a los opositores y la sociedad en general, por parte de los aparatos represores de Ortega-Murillo, la policía sandinista y paramilitares organizados por el partido político en el poder.

Instamos al Parlamento Europeo, a la comunidad internacional y demás entidades internacionales a sumar acciones para lograr la libertad de las y los presos políticos, la anulación de los juicios políticos y sus condenas, así como la restitución las libertades públicas, respeto a los derechos humanos, total democratización de los poderes del Estado. Necesitamos que exijan al régimen la entrada al país, de  una comisión especial de verificación del estado de salud físico y psicológico de las presas/os políticos y su inmediata liberación, que creen mecanismos y acciones para el acompañamiento y reparación de daños a las víctimas de la rebelión de abril 2018, que se desmantelen de las fuerzas policiales, paramilitares y ejército, que se garantice la seguridad e integridad física y psicológica de las víctimas de la represión y persecución, que se interceda ante las agencias de financiamiento, para que cesen de oxigenar a la dictadura, y que se garantice mediante normativas internacionales el retorno voluntario y seguro de los exiliados.  

Hacemos un llamado, a los gobiernos y naciones democráticas, a que hagan uso de los “mecanismos de defensa de la democracia que legítimamente provee el derecho internacional”, coadyuvando a construir una salida a la actual dictadura y no sean más indiferentes ante esta crisis política, social y  humanitaria que asfixia a los Nicaragüenses. 

¡Firma, divulga y ayúdanos!

Gracias: ReberlArte, SOS Nicaragua-Hamburgo, Legión Náhualt, Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, Criterios, Bloque Costa Caribe Nicaragüense en el Exilio (BCCE), Mujeres Independientes en el Exilio, Jacob Ellis (activista independiente defensor de los derechos humanos de la mujer y la comunidad LGBTIQ+), Movimiento Campesino Anti Canal, Liga Democrática Nicaragüense Americana, Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, Democracia en Marcha, Organización de Víctimas de Abril , Unidad Nacional Azul y Blanco, Unidos Por Nicaragua y SOS Nicaragua-Madrid.