No hay justificación si uno cree en la justicia y el respeto a los derechos humanos y la soberanía de los pueblos que valide o acepte los tribunales de arbitraje. Son auténticos elementos para la imposición de los dictados de las transnacionales con la capacidad de imponer sanciones que ahoguen países o frustren cambios sociales bajo el pretexto de pago de una deuda sobre beneficios futuros que no es sino un escándalo democrático de primera magnitud. Quieren tener un árbitro comprado que determine siempre a su favor para dar apariencia de legalidad a lo que es un atraco a la soberanía y los derechos humanos. No me cabe que nadie que respete los derechos humanos y quiera a su pueblo pueda permitir que se le intervenga desde las transnacionales con un engendro antidemocrático como el planteado con los arbitrajes privados.