Es fundamental comenzar haciendo mención a una premisa que toda formación que se considere de izquierdas debe defender: el principio de ciudadanía universal. Sobre este principio aflora por tanto, la solidaridad entre los pueblos.

Siguiendo esta premisa, la universalidad del derecho al asilo y la libre circulación de las personas, deberán tener todas las garantías necesarias para que los estados lo lleven a cabo de modo sistemático, contando con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como herramienta clave para llevar a cabo políticas que garanticen el blindaje de estos derechos. Y es precisamente ahí donde no tienen cabida leyes racistas y vulneradoras de derechos como es la propia Ley de Extranjería, leyes ambiguas y que no se aplican en base a principios de derechos humanos como la Ley de Asilo, o políticas que ahondan en esa vulneración sistemática de derechos humanos, como la apertura y mantenimiento de los mal denominados CIEs (centro de internamiento para extranjeros), verdaderas cárceles donde se retienen a las personas migrantes y refugiadas, potenciales solicitantes de asilo, en contra de su voluntad, en condiciones de hacinamiento, violencia física y psicológica, malnutrición y un largo etcétera que refleja claramente el carácter xenofobo y antidemocrático del Estado español.

Uno de estos centros carcelarios es precisamente el CIE de Archidona donde 500 personas permanecían encerradas, muchas de ellas menores, a pesar que el ministro Zoido negaba esta situación. Una situación de vulneración de derechos humanos totalmente impune en donde las personas reclusas han estado padeciendo todo tipo de torturas y malos tratos, documentados incluso con vídeos que han sido publicados, que avalan estos hechos.

La punta del iceberg es la muerte el 29 de diciembre de Mohamed Bouderbala, quien fue encontrado ahorcado en su habitación. Supuesto suicidio que desmiente su entorno precisamente por la virulencia con la que se sometía a diario a las personas privadas de libertad del centro y por la represión policial con la que se han estado reprimiendo las acciones de activistas por los derechos humanos, en pro del cierre de estos agujeros negros. La Red Acoge ha presentado una denuncia formal por la muerte de Mohamed, que según diversas fuentes ha sido archivada.

Por otra parte, a representantes institucionales se les ha impedido acceder al centro, hasta que el mismo ha sido vaciado. Se ha constatado en estas visitas sangre en las paredes, restos de cargas policiales, celdas de aislamiento y pruebas que ponen de manifiesto la impunidad de los actos con los que los responsables de este centro dependiente del Ministerio de Interior, han cometido estas vulneraciones sistemáticas de derechos.

Por todo lo mencionado anteriormente, exigimos la apertura de una Comisión de investigación en el Congreso para esclarecer lo ocurrido en Archidona porque será el punto de partida para evidenciar y denunciar las vulneraciones de derechos humanos que el Gobierno español está llevando a cabo, también en lo que a asilo y refugio se refiere.