La letra pequeña del ‘Icetazo’, el real decreto convalidado por la mínima en el Congreso, deja en evidencia a este Gobierno, que ha vendido esta normativa como la solución final para acabar con la temporalidad de miles y miles de interinos de la administración pública. Nada más lejos de la realidad, no es un éxito para el Gobierno por mucho que lo intente vender así. Para nosotros como colectivo es una derrota y en primer lugar queremos señalar nuestra decepción absoluta con los grupos políticos que con su voto permitieron que saliera adelante el decreto.

Para empezar, el ‘Icetazo’ incumple con la legislación europea: la Directiva Europea 1999/70 en su cláusula 5 sanciona el abuso de la temporalidad. Además, este decreto ley no refleja lo que dictaminó el TJUE, que lleva años advirtiendo a España para que solucione el problema de la interinidad: un contrato prorrogado durante años es un FRAUDE. 

El decreto promovido por Miquel Iceta y que ahora asume el Ministerio de Hacienda y Función Pública es una patada adelante, un despropósito, que no arreglará los abusos de temporalidad que miles de interinos venimos sufriendo y denunciando desde hace años. Los empleados temporales nos podemos quedar en la calle, sin trabajo, igual que antes si un funcionario con plaza fija ocupa en la que estamos porque no se nos reubica.

La nueva normativa que promete reducir la temporalidad establece que a los 10 años los interinos tendrán una plaza fija sin pasar por oposición, mediante una valoración de méritos. Establecer que esto suceda tras 10 años es totalmente arbitrario e injusto, pues a partir de los 3 años se está ya en una clara situación de abuso de la temporalidad. Consideramos que se trata de una medida insuficiente, un lavado de cara para intentar arreglar los casos más sangrantes, pero no llega a la raíz del problema.

La solución real y efectiva pasa necesariamente por la estabilidad de los empleados públicos temporales en situación de interinidad, por lo que es imprescindible que se establezca una legislación que realmente contemple la consolidación del personal en abuso de temporalidad, de acuerdo con la sentencia del TJUE en marzo de 2020.

Una de nuestras propuestas es que se realice una inspección exhaustiva, caso por caso, en la que se establezca claramente qué trabajadores están en esta situación de abuso de temporalidad. La administración tiene las herramientas para hacerlo y así evitaríamos que tengamos que acudir a los tribunales para demostrarlo, como venimos haciendo. Hay muchos casos de trabajadores interinos que ocupan una plaza que no existe formalmente, una situación que no contempla esta decreto y que nos deja a muchos expuestos, en riesgo de ser despedidos sin ser reubicados  y sin esa posibilidad de consolidarnos en nuestro puesto de trabajo.

Desde aquí solicitamos la paralización de los actuales procesos de selección que dejarían fuera a muchísimos compañeros que llevan años en abuso hasta que finalice el período de inspección.

Además, los ceses de interinos que acumulan años de experiencia no sólo afectan a nuestras condiciones laborales, se traducirá en una pérdida de conocimientos y repercutirá en la calidad de los servicios públicos que sirven a toda la ciudadanía.

Son muchas las situaciones de vulnerabilidad e injusticia que se dejan de lado y que se pueden perpetuar si no hacemos nada por impedirlo. Además, la factura de este despropósito la acabaremos pagando todos los españoles si, como tememos, las instituciones europeas acaban poniendo una supermulta a nuestro país por no acabar de una vez por todas con la temporalidad en fraude de ley en la administración pública.  

Por eso, queremos hacer llegar esta petición a los diputados del Parlamento Europeo para obtener respuestas: ¿Cuándo obligarán a España a hacer cumplir con la legislación europea? Firma y comparte esta petición. Contamos con vuestro apoyo.