Estoy en contra de privatizar RENFE. Los servicios deficitarios, como las cercanías ferroviarias o las conexiones convencionales de media y larga distancia, deben prestarse por el operador público, con criterios de rentabilidad social, seguridad, calidad, confort y tarifa asequible a la capacidad adquisitiva de los usuarios. Soy partidario de ofrecer servicio gratuito a parados y personas con pocos recursos. Unas tarifas reducidas ayudarían a atraer pasajeros de la carretera y a luchar contra el cambio climático.

Los servicios con rentabilidad comercial, como el AVE, también deben prestarse desde el operador público para invertir las ganancias en los servicios deficitarios.

Los argumentos privatizadores en clave de eficiencia y abaratamiento de tarifas se desmienten con la experiencia de los ferrocarriles alemanes y franceses, que son públicos y muy bien valorados por la ciudadanía.

El cuarto Paquete Ferroviario promulgado por las instituciones europeas prevé la liberalización del servicio ferroviario de viajeros a partir de 2019, pero varios países abogan por su retraso o suspensión definitiva. El gobierno español, erróneamente a mi juicio, ha anunciado la privatización de la gestión del AVE. Es decir, privatizan las ganancias de la alta velocidad, pero siguen socializando las pérdidas del tren convencional.

No es una buena idea.